La Fiscalía defiende la legalidad del auto que en el año 2010 dio vía libre a la escuchas telefónicas sobre las que se basó parte de las acusaciones del conocido como caso Corredor, pese a que muchas de ellas quedaron luego anuladas. En el día de ayer tuvo lugar la primera sesión de la vista, que se centró exclusivamente en discutir sobre las cuestiones previas y que las defensas aprovecharon para pedir la suspensión del juicio. Y lo hacen basándose en dos aspectos fundamentales: al cuestionar la entrada y registro en el despacho del principal encausado, el abogado y empresario Evaristo González Reyes y algunos de sus compañeros, también imputados; y en la supuesta ilegalidad de la decisión de interceptar las llamadas.
El Ministerio Público defiende que las decisiones fueron ajustadas a Derecho, pese a las sombras de dudas que existen por la desaparición del auto que en 2010 dio vía libre a las escuchas y que por lo tanto debió ser "reconstruido". Para ello se utilizó el que estaba en poder de la Fiscalía, el que apareció en el sistema informático Atlante y el remitido a las compañías telefónicas. Al compararlos fue posible comprobar que eran idénticos.
Por esta razón el auto no está firmado, aunque la fiscal señaló que "no se puede dudar de su existencia diciendo que se sacó de la manga. La reconstrucción es una posibilidad contemplada en la ley y se llevó a cabo con todas las precauciones legales". Para el Ministerio Público fue necesario interceptar las llamadas para investigar una trama de supuesta corrupción, tráfico de influencias y cohecho. "Habíamos agotado otras vías y era preciso conocer el contenido de las reuniones privadas que se estaban llevando a cabo", entre los entonces cerca de medio centenar de acusados.
Pero cierto es que, finalmente, la causa se centra en nueve procesados, la supuesta comisión de estafas y aportación de testigos falsos, al anularse las escuchas que afectaban a los políticos y caer las sospechas más relacionadas con la corrupción. La Fiscalía estudia ahora si avanzar en la pieza sobre un presunto fraude a la Seguridad Social. Por lo pronto, lo que se enjuiciará, en caso de que no prosperen estas cuestiones previas, tiene que ver con la supuesta apropiación de 5.000 metros cuadrados donde se levanta una gran superficie en Aguere y la petición de un crédito poniéndolos como aval, y de unas piezas de marfil y joyas. Otra acusación apunta al reintegro de un billete de ida y vuelta a Atenas con un parte médico falsificado, el cobro irregular de un seguro por el incendio de un local, el impago de un coche de alta gama o utilizar testigos falsos. Por todo ello, la Fiscalía solicita al principal encausado 16 años de cárcel.
La representante del Ministerio Público admitió que el secreto de actuaciones se demoró "más allá de lo deseable", pero niega que se haya causado indefensión a los acusados. Desde 2011, las partes han tenido acceso a todo el sumario y, por lo tanto, han podido ejercer su derecho a la defensa. Respaldó la legalidad de la entrada y registro en el despacho de González en el centro de La Laguna y de su casa en Tacoronte.
A partir de ahora, el juez estudiará cada una de las alegaciones presentadas por las defensas y en caso de que las desestime el juicio se retomará el próximo cuatro de junio. En el día de ayer, los abogados plantearon sus argumentos para anular la vista, al poner en entredicho el escaso sustento de las acusaciones en hechos como la existencia de grabaciones presuntamente manipuladas, tal y como demostrarían las pruebas periciales, cuyo contenido en cualquier caso consideran inocuo. O que la causa se inicie por las declaraciones de una testigo anónima que habló de encuentros entre el abogado y representantes políticos o que el secreto se alargase años debido a que el Juzgado carecía de escáner. También criticaron que los autos se prorrogaron "con un simple corta y pega", las filtraciones a la prensa o en definitiva una instrucción que calificaron de "caótica". El registro en el despacho del abogado supuso para el bufete "un daño tremendo en su reputación. Llegaron a cerrar la calle para no mirar luego ni un solo papel".