La Policía ha detenido en las últimas horas a Francisco Lorenzo Peñalver y a Susana García Cereceda, dueños de la lujosa urbanización de La Finca, situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), por sus vínculos con el excomisario de Policía José Manuel Villarejo.

Fuentes de la investigación han confirmado la detención, anoche, de Peñalver, uno de los socios de Procisa y consejero de la Finca, y esta mañana de García Cereceda, hija del fallecido Luis García Cereceda y actual presidenta de la sociedad y del grupo.

La operación la han desarrollado la unidad de Asuntos Internos de la Policía -la misma que se encargó de la detención de Villarejo el 3 de noviembre de 2017- y la Fiscalía Anticorrupción.

Según La Vanguardia, los investigadores sospechan que Peñalver habría contratado a Villarejo para conseguir información privilegiada para favorecerse en un conflicto que mantenía con terceras personas.

Está previsto que Peñalver y García Cereceda pasen a lo largo del día de hoy a disposición del juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, instructor de la causa abierta contra Villarejo a raíz de la "operación Tándem".

Precisamente De Egea ha citado para hoy al excomisario con la posibilidad de revisar su situación de prisión provisional tras escuchar su declaración y a la luz de "los informes médicos obrantes en autos y de los que se están realizando".

Hace unas semanas, Villarejo, que se encuentra en la cárcel de Estremera (Madrid), tuvo que ser hospitalizado de urgencia por la reacción a un medicamento y fue dado de alta al día siguiente.

El juez lo investiga por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de dinero y cohecho.

Villarejo y el abogado Rafael Redondo son los dos únicos investigados en esta causa que permanecen en prisión después de que el pasado 6 de marzo quedara en libertad el excomisario de Barajas Carlos Salamanca, que ingresó también en prisión el 5 de noviembre.

Entre las prácticas que se le atribuyen a la supuesta red integrada por Villarejo y Salamanca está la de facilitar la entrada de personas de nacionalidad guineana en España y la posterior regularización de su situación a través de las empresas de Villarejo.