La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado un grupo, formado por 22 personas, que se dedicaba a estafar por internet en toda España al insertar en páginas web falsos anuncios de venta de teléfonos, que nunca llegaban a su comprador tras ingresar la cantidad pactada en una cuenta.

En un comunicado, la Dirección General de la Policía ha informado sobre la detención de seis personas y sobre la investigación de otras doce en las localidades de Mediona (Barcelona), Vinaroz (Castellón) y Lloret de Mar (Girona), a las que se le atribuye un beneficio cercano a los 50.000 euros con la comisión de un total de 69 estafas, 25 delitos de usurpación de la identidad y 35 delitos de falsificación documental.

El operativo policial conjunto se ha llevado a cabo en dos fases, la primera dedicada a la toma de declaración de los investigados, y una segunda en la que se procedió a la detención de la cúpula de la organización, tarea que se complicó debido a que todos los implicados vivían como okupas y no figuraban empadronados en la localidad concreta.

Las investigaciones se iniciaron en marzo del 2018 con la recepción de las primeras denuncias interpuestas por víctimas de toda España, que habían abonado por adelantado la cantidad pactada por un móvil sin llegar a recibir el terminal adquirido.

El volumen de la denuncias hizo que se constituyera un grupo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil que determinó que se trataba de un grupo organizado de 22 personas, todas ellas de nacionalidad española menos el cabecilla, que es de origen rumano, que se dedicaban a insertar en páginas web de compraventa anuncios falsos de venta de móviles de alta gama a unos precios muy inferiores a los de mercado.

Los interesados en los productos se ponían en contacto con las personas cuyos nombres figuraban en los anuncios y, una vez acordada la cantidad total a satisfacer, se les indicaba siempre un número de cuenta bancaria donde efectuar el ingreso.

El dirigente del grupo había formado un entramado de personas que realizaban los contactos con las víctimas, captaban miembros para la organización o bien abrían cuentas para la recepción de las transferencias efectuadas por los compradores y, posteriormente, le entregaban las cantidades obtenidas a cambio de una compensación en función del volumen de la operación.

Además de las 69 estafas por un valor de 50.000 euros que se atribuye al grupo, se les investiga por 35 delitos de falsificación de documento mercantil por usar del nombre de varios establecimiento comerciales reales y por enviar facturas falsas de dichos locales para ganarse la confianza de los compradores.

Los investigadores también les imputan 25 delitos de usurpación de identidad, ya que algunos de los integrantes del grupo usaron el nombre de terceras personas para ocultar el suyo.