Investigadores de la Guardia Civil, en el transcurso de la operación Firmas, detuvo en la isla Tenerife a tres personas vinculadas con la falsificación de documentos que se aportaban para obtener subvenciones de una conocida Fundación española.
La citada institución colabora con la creación de empleo, mediante la concesión de subvenciones anuales a multitud de empresarios y autónomos a través de uno de sus programas sociales. La entidad aporta a estos emprendedores importantes ayudas económicas para la contratación de personas desempleadas.
El representante de la Fundación denunció los hechos ante la Guardia Civil tras detectar irregularidades en la documentación que recibían desde una asesoría laboral de Tenerife.
Una vez que los investigadores pudieron analizar cientos de documentos presentados en la denuncia y que se utilizaron para solicitar un buen número de subvenciones, se pudo determinar gran cantidad de irregularidades, presuntamente delictivas.
Ante dicha situación, los agentes del Instituto Armado iniciaron la investigación al objeto de identificar a las personas que participaban en la trama, así como las funciones que desempeñaban cada una de ellas.
Fruto de estas investigaciones, tras cinco meses de obtención, revisión y análisis de documentación, los agentes pudieron determinar que los asesores laborales, ahora detenidos, un varón de 34 años y dos mujeres de 30, todos de nacionalidad española y residentes en Tenerife, utilizaban la identidad de sus clientes y la documentación a la que tenían acceso por sus empleos, para solicitar en su nombre, sin su conocimiento o consentimiento, subvenciones a la Fundación afectada por estos hechos, de la que se lucraban personalmente.
La manipulación y alteración de la documentación de más de un centenar de expedientes, puede haber ocasionado un fraude económico de unos 80.000 euros que iban a parar a las cuentas de los detenidos, cantidades que mermaban el número de las ayudas a los desempleados que cumplían legalmente los requisitos.
La operación fue llevada a cabo por el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con sede en Santa Cruz de Tenerife, según informó ayer la Comandancia Provincial.