La consellera de Justicia de la Generalitat valenciana, Gabriela Bravo, ha reconocido hoy que el sistema judicial falló en el caso de las dos niñas asesinadas por su padre en Castellón la semana pasado y ha avanzado que, tras éste y otros casos similares, se han reforzado las unidades de valoración forense del riesgo.

En un encuentro con periodistas para presentar los protocolos de actuación institucional en materia de valoración de riesgos en los casos de violencia de género, la consellera ha asegurado que, tras los últimos casos de violencia machista, es "importantísimo" incorporar más recursos en el momento inicial de una denuncia por violencia de género porque cuando una víctima acude a denunciar "no puede estar sola".

Ha defendido que la juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castellón, que rechazó un recurso de la madre de las dos niñas asesinadas al haberse denegado, meses antes, su petición de protección al advertir incoherencias, "hizo su trabajo lo mejor posible" a partir de lo que entendió y siguió creyendo que el riesgo era bajo, aunque el Ministerio fiscal no estaba de acuerdo.

Bravo ha considerado que la mujer estuviera en un procedimiento judicial civil, que hubiera discusión sobre la guarda y custodia de las niñas, y que la evaluación del riesgo no indicó realmente el peligro ni la agresividad del maltratador son hechos que demuestran que el sistema judicial falló.

La mujer solo pudo disponer de asistencia letrada cuando es muy importante que en estos casos tengan apoyo psicológico y que el psicólogo pueda valorar el resultado del cuestionario Viogen, ha manifestado la consellera, quien ha afirmado que no se puede hablar de Pacto de Estado contra la Violencia de Género "y no poner psicólogos o más médicos forenses".

Por ello, tras la conmoción por la muerte de una mujer de 28 años en Elda el 8 de noviembre de 2017 al recibir un disparo en la cabeza por parte de su expareja sentimental cuando recogía a su hijo del colegio, se constituyó un grupo de trabajo compuesto por expertos que han planteado una serie de propuestas.

Con esas medidas, que están dirigidas a la Generalitat, a los Ministerio de Interior y Justicia y a los Colegios de Abogados, se pretende potenciar las unidades de valoración forense integral, una mejora que se ha logrado en las de Valencia y Alicante y en Castellón está en trámite, dotándolas de más medios.

En 2017 no se solicitó ningún informe de valoración urgente del riesgo de violencia de género en la Comunitat Valenciana, y este año han sido 19, un número escaso, según la consellera, que ha anunciado que propondrá incluir en los Presupuestos de la Generalitat para 2019 la creación de unidades de evaluación comarcales y ampliar la presencia de OAVD en los 36 partidos judiciales de la Comunitat, además de incorporar en estas oficinas la figura del criminólogo para determinar el grado de peligrosidad del agresor.