El episodio vivido hace escasas semanas en la Audiencia de Tenerife destacó en las crónicas judiciales por su carácter inusual. Un equipo de juristas y peritos logró desactivar una acusación de homicidio cuya aparente solidez dio lugar a que el procesado, Roberto L.Ll., haya permanecido en prisión preventiva dos años. La declaración de "no culpable" fue resultado de la labor de los abogados Manuel García y Mariluz Vega y el criminólogo Félix Ríos, que consiguieron desmontar pieza por pieza ante el Jurado los cargos adosados al joven, como si de una bomba de relojería se tratara.

El acusado entró en la cárcel en octubre de 2016 al sospecharse que era autor de la muerte de una transexual llamada Lorena. El fallecimiento se produjo cuando la mujer cayó al vacío al intentar pasar por la ventana a otra vivienda guiada por el pánico que desató un supuesto ataque que, visto lo visto, solo existía en su mente alterada por el consumo de drogas.

El vecino de Los Realejos contactó con la prostituta por internet unos días antes y acudió a su domicilio en tres ocasiones. La última aquel sábado cuando ella misma le pidió que le llevara unas "pizzas", en realidad un gramo de cocaína, en su particular argot. Así lo hizo. Lo que ocurrió esa noche solo lo sabe el exacusado. Porque precisamente la falta de testigos y de pruebas directas dio lugar a que el jurado popular se decantara por la absolución.

Los abogados de la Defensa y los peritos dieron lo mejor de sí mismos a fin de que los ciudadanos elegidos para ejercer de jueces por unos días tomaran conciencia del complicado escenario en el que se movían. Y lo hicieron, además, en medio de condicionantes reales o supuestos que tenían todas las papeletas para impresionar negativamente a los miembros del jurado; la implicación de una transexual, drogas, violencia de género, homofobia o prostitución. La Fiscalía pedía nada menos que 14 años de cárcel y el pago de 120.000 euros.

¿Pero cómo se consiguió dar la vuelta a la tortilla? El equipo de la Defensa se empleó a fondo en una revisión minuciosa de las pruebas practicadas y de la supuesta solidez de los indicios incriminatorios. Varias veces abogados y peritos acudieron al edificio de Cabo Llanos, en Santa Cruz, donde ocurrieron los hechos. Allí comprobaron todas las variables; ángulos de visión de los testigos y tiempo de salida por las distintas rutas. Y es que era clave demostrar que el acusado no estaba en la habitación cuando Lorena cayó. El equipo insistió en que Roberto fuera con ellos totalmente sincero y confesara sin tapujos lo que había ocurrido, o al menos, lo que recordaba. Que no siempre es lo mismo. Un elemento clave para decidir el resultado de la vista fue el cuchillo hallado en su coche que otros peritos y policías coincidieron en calificar de "compatible" con la herida superficial que presentaba la víctima en el brazo. Pero que no era en absoluto mortal. Algún testigo, e incluso la propia Lorena, antes de morir hizo referencia a una supuesta pistola de la que jamás se supo. La experta en Medicina Legal María del Mar Robledo ratificó que era imposible que no aparecieran en el arma blanca restos de sangre. Ni hubo tiempo para limpiarla ni es posible borrar del todo estas evidencias. Pero, además, tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad se comprobó que por su tamaño, de casi 20 centímetros, no había posibilidad de disimularlo entre las ropas. El acusado siempre dijo que usaba el cuchillo para practicar la pesca submarina. Por lo tanto, Fiscalía y acusación particular vieron cómo se desvanecía una prueba que debía ser obligatoriamente irrefutable. Aunque el criminólogo califica de "minuciosa" la investigación policial, apunta que incluso así los agentes no pudieron esclarecer unos hechos repletos de lagunas. La principal, la imposibilidad de encontrar un nexo entre la caída de Lorena y la supuesta presencia de Roberto en el cuarto.

Vega relata que el exacusado, durante dos años, se ha enfrentado a más de un momento especialmente delicado. Por ejemplo, cuando intentaba que el procesado comprendiera que no se le permitía salir de la cárcel porque jueces y fiscales mantenían que había indicios consistentes sobre una culpabilidad que él negaba con especial vehemencia. "Como abogada me di cuenta de que la sucesión de los hechos no estaba nada clara", dice; y esa incertidumbre logró trasladarla al jurado. Desde el punto de vista subjetivo, la dificultad pasaba por conseguir que los miembros del Tribunal no cayeran en los prejuicios que rodeaban al caso y que sus posibles creencias personales y principios no afectaran al veredicto. Objetivamente se hizo un especial esfuerzo en que comprendieran que no había pruebas irrefutables que incriminaran a Roberto. Y es que, en el ámbito penal, las dudas juegan a favor del reo.

García resume el éxito alcanzado con la elocuente frase: "Trabajar, trabajar, trabajar". El equipo pasó horas entrevistando al acusado y visitando el edificio. Los letrados suelen moverse más en el terreno teórico que en el práctico y, por ello, acudir al escenario en el que ocurrieron los hechos, "personalmente, me sirvió de mucho. Me cambió totalmente la visión de lo que allí pasó", apunta.

Los primeros días del juicio la sensación que se percibía era más bien desfavorable al acusado, pero en las últimas sesiones dos factores hicieron que las tornas se viraran. Por un lado el relato de una de las compañeras de piso de Lorena, quien ratificó que cuando comenzó el altercado se encontraba muy nerviosa y no estaba herida, mientras que el procesado mostraba una perfecta tranquilidad e intentaba calmarla. Y, por otro, que nadie pudo situarlo en el cuarto desde donde se precipitó la mujer. Apenas un vecino que también era policía aseguró haber visto a alguien con un pantalón parecido al que llevaba el exacusado aquella noche. Fundamentales resultaron las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se demuestra que Roberto salió del edificio dos minutos antes que las mujeres con las que Lorena compartía la casa y que mientras bajaban oyeron como el cuerpo chocaba contra el suelo del patio.

Pocos dudan, y entre ellos estos profesionales que ejercieron la defensa, de que se trata de un caso especialmente enrevesado de difícil o imposible esclarecimiento en el que lo único cierto es que no se pudo probar nada. Todo un triunfo. Porque en el universo de la Jurisdicción Penal la consecuencia directa de la falta de pruebas conduce a la absolución. Y es que la Justicia española se basa en el principio general de que es preferible un culpable en libertad que un inocente en la cárcel. Teoría que al fin y al cabo viene a ser un mal menor a lo realmente deseable; que los culpables estén en prisión y los inocentes, en la calle.