La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife impuso a dos guardias civiles la pena de inhabilitación absoluta durante un año y medio y tres meses y veintidós días de prisión por considerarlos autores de un delito de allanamiento de morada.

La entrada en el domicilio sin permiso judicial apenas duró quince segundos, como se pudo demostrar con una grabación casera hecha por la dueña de la vivienda. No obstante, ambos funcionarios quedaron absueltos de los cargos de detención ilegal, torturas, falsedad en documento oficial y lesiones leves.

La denuncia fue interpuesta por el ciudadano belga M.J.D.R., residente en el Sur de la Isla, después de que sobre las tres de la tarde del 14 de septiembre de 2014 los dos agentes se personaran en una urbanización situada en Costa del Silencio, en el municipio de Arona.

La presencia policial había sido requerida por el vigilante, quien aseguraba sentirse amenazado por el hombre belga, que también es presidente de la comunidad de propietarios.

Al llegar lo encontraron bañándose en la piscina y, al requerirle que se identificara, se negó, alegando que ostentaba la máxima autoridad en la urbanización.

Veinte minutos más tarde y tras ser advertido de un posible delito de desobediencia, fue escoltado junto con su esposa hasta su apartamento con el fin de que les aportara su documentación.

Sin embargo, tan solo entregó la carta de identidad belga y se negó a mostrar la tarjeta de residencia en España, lo que inició una nueva discusión, mientras pedía a los agentes que se identificaran.

Todo lo que ocurría era registrado por unas cámaras de seguridad situadas en el exterior del apartamento instaladas por su dueño, dadas las malas relaciones que tenía con sus vecinos.

Uno de los guardias civiles vio también cómo la esposa utilizaba una tablet a fin de dejar constancia de lo que estaba pasando.

Este fue el detonante para que el agente "de modo irreflexivo y en el calor de la disputa" entrase en la vivienda mientras el otro impedía el paso del propietario al interior. A partir de aquí se produjo un forcejeo entre estos dos últimos en el transcurso del cual el ciudadano cayó al suelo, donde fue reducido y esposado. De hecho, un agente sufrió heridas que tardaron dos meses en curarse y por lo tanto presentó la correspondiente denuncia por un delito de atentado, que no prosperó.

La condena por allanamiento fue impuesta pese a que la Sala tiene en cuenta al estado anímico de los miembros de las fuerzas de seguridad "por la insolente conducta" mostrada por el vecino desde un primer momento.

Pero acto seguido reprochan a los condenados que por su formación, cargo y experiencia acumulada no supieran que no pueden irrumpir en un domicilio ajeno sin contar con el correspondiente permiso judicial.