El Gobierno de Navarra "no puede compartir una sentencia en la que se califica lo sucedido el 7 de julio de 2016 como abuso sexual", por lo que va a recurrir al Tribunal Supremo el fallo que confirma la condena de 9 años de prisión para los cinco miembros de La Manada.
Así lo ha manifestado la portavoz del Ejecutivo, María Solana, quien ha comentado que los servicios jurídicos del Gobierno están estudiando la sentencia pero ya pueden adelantar que interpondrán un recurso contra ella en el plazo de los 5 días hábiles estipulado para ello.
Solana ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa, una vez conocida la sentencia que confirma la condena de 9 años por abuso sexual para los miembros de la Manada.
“Desde el respeto absoluto a las decisiones judiciales, el Gobierno de Navarra (acusación popular en el caso) no puede compartir, una vez, más una sentencia en la que se califica lo sucedido del 7 de julio de 2016 como abuso sexual –ha afirmado-, y eso que cuenta con el voto particular de 2 de los magistrados que lo consideran como agresión sexual, tal y como así hemos mantenido desde el inicio”.
La portavoz ha recordado que el Ejecutivo siempre ha mantenido “que se tenía que haber aducido el delito de agresión sexual, como así lo recoge el voto particular de 2 de los 5 magistrados, que acogen los postulados del recurso del propio Gobierno”, un voto particular que avala, “más si cabe”, la posición del Gobierno de Navarra.
Ha asegurado que el Ejecutivo “comparte con el voto particular el delito de robo y no de hurto del móvil que implica, además, intimidación”.
En ese sentido ha considerado que “si algo de positivo tiene esta nueva sentencia” es que estima que “se cumplen los requisitos procesales para enjuiciar si hay delito o no contra la intimidad”.
Al respecto ha destacado que “los cinco magistrados entienden que también se tenía haber enjuiciado contra un delito con la intimidad y estiman que así deber ser, devolviendo las actuaciones a la Audiencia, lo que puede implicar un incremento de las penas”.
La consejera ha querido, además, reiterar el apoyo del Ejecutivo a la víctima “en unos momentos nuevamente difíciles”.
Tras denunciar que la violencia sexual es una “intolerable violación de derechos humanos”, ha asegurado que el Ejecutivo continuará trabajando para su erradicación.