El año pasado se instruyeron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife alrededor de 150 propuestas de sanción por irregularidades o deficiencias en establecimientos obligados a tener medidas de seguridad básicas, así como, en menor medida, en empresas y personal de seguridad privada, según explicaron fuentes sindicales.
La labor fue desarrollada por agentes de la unidad especializada de la Policía Nacional en las diferentes comisarías de Tenerife y La Palma. Estos funcionarios desarrollaron unas 890 inspecciones por este motivo.
Las infracciones en esta materia tienen la calificación de leves, graves y muy graves. Las más numerosas corresponden con los dos primeros tipos. Del tercer apartado apenas se registran denuncias y, de hecho, supondrían el cierre de las mercantiles.
Algunos de los establecimientos obligados a tener medidas de seguridad básicas son bancos, joyerías, tiendas de compraventa de oro, gasolineras o farmacias. Respecto a estos últimos, tienen la obligación de instalar "tornos" para la venta de productos durante las noches que están de guardia.
En el caso de las gasolineras, se les requiere que cuenten con caja fuerte en la cual pueda introducirse el dinero "con facilidad".
Respecto a los bancos, la normativa exige que las cajas fuertes dispongan de un sistema de alarma que se active ante los golpes o a la aplicación de las denominadas lanzas térmicas, usadas por los ladrones especializados para abrir tales depósitos.
En conjunto, se estima que en las islas occidentales existen unos 2.050 establecimientos obligados a respetar dichas medidas básicas de seguridad, que están reguladas en una normativa.
En la provincia tinerfeña fueron detectados eN 2018 media docena de casos de intrusismo. Los policías nacionales del grupo de Seguridad Ciudadana efectuaron alrededor de 17 inspecciones, según señalaron fuentes sindicales de la Seguridad Privada.