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Industria rechaza la instalación de una planta móvil para tratar áridos en Arafo

La empresa pretendía colocar la maquinaria en el Polígono Industrial del Valle de Güímar. Ahora dispone de dos meses para presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.
EL DÍA, Arafo
5/ago/03 19:40 PM
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EL DÍA, Arafo

La Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias ha cancelado el expediente de legalización de una planta móvil de tratamiento de áridos ubicada en el Polígono Industrial del Valle de Güímar, en el municipio de Arafo. La Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica resuelve así el recurso de alzada interpuesto por una empresa a raíz de una resolución dictada en noviembre del año pasado sobre este asunto.

Según un anuncio publicado ayer en el Boletín Oficial de Canarias, la entidad promotora presentó en abril de 2002 la solicitud de autorización para instalar la citada planta.

Desde la Jefatura de Servicio de Minas de la Dirección General de Industria y Energía se remitió posteriormente un escrito de reparos en el que informaba a la empresa de las deficiencias detectadas en dicha documentación, concediéndole un plazo de 10 días para subsanarlas. Entre otras, se citaba la carencia de Estudio de Impacto Ecológico y del proyecto específico sobre contaminación atmosférica.

Al aportar la empresa dos ejemplares del Estudio Detallado de Impacto Ecológico, desde el ejecutivo autónomo pusieron nuevos reparos. Algunos de ellos consistían en que los núcleos de población cercanos no figuraban en el plano de situación, el estudio económico estaba incompleto, el presupuesto no contemplaba las medidas correctoras, así como otras incongruencias, según la Jefatura de Explotaciones Mineras.

Un particular también se opuso al proyecto, informando de la existencia de un núcleo poblacional a menos de 150 metros.

En aquel momento, el representante empresarial presentó un nuevo escrito en el que alegaba que la primera respuesta a su solicitud se hizo fuera del mes estipulado para solicitar aclaraciones.

También señalaba que la Dirección General de Industria y Energía no tiene competencias en materia medioambiental, ""por lo que las deficiencias del estudio detallado de impacto ambiental deberán ser tenidas por no realizadas"".

Además, demandaba impulsar de oficio el procedimiento de urgencia, tras las dilaciones sufridas desde la presentación de la petición inicial.

Derecho al recurso

Sin embargo, a pesar de la insistencia de la promotora, la consejería ha cancelado el expediente de legalización y, de esta forma, ha puesto fin a la vía administrativa del proceso para lograr legalizar la planta móvil de tratamiento de áridos. No obstante, la empresa tiene derecho ahora a interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para intentar lograr su objetivo.