El Plan General de Ordenación (PGO) de Arona vivió ayer otro capítulo más de su interminable historia con la visita que protagonizó a la ciudad turística de Los Cristianos el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero.
El jefe del Ejecutivo, que estuvo en todo momento acompañado por el alcalde de Arona y por el concejal de Urbanismo, José Alberto González y Antonio Sosa, respectivamente, aseguró que cogerá "el toro por los cuernos" para conseguir desbloquear y aprobar el PGO aronero.
Así, dijo que su intención es "darle el último empujón" para que el nuevo texto urbanístico entre en vigor en el menor plazo posible, aunque no se comprometió a ninguna fecha.
Rivero manifestó la importancia del PGO de Arona al ser éste "un instrumento de inversión" que permitirá dinamizar la economía del municipio, en particular, y del conjunto del Archipiélago, en general.
Sin embargo, las palabras del presiente del Gobierno canario chocan con la postura de su director general de Urbanismo, Jesús Romero, quien señaló en un comunicado que "nuestro único cometido en el Plan General de Arona es el control de la legalidad".
Al respecto, lamentó que gobierno local diga "sentirse engañado" porque el documento urbanístico todavía no cuenta con el visto bueno de la administración autonómica.
"No se han puesto objeciones que no sean las derivadas del acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de fecha 20 de diciembre de 2006", que aprobó definitivamente de forma parcial y condicionada dicho Plan, explicó Romero en su comunicado.
Así, comentó que "en septiembre de 2007 se retomó el PGO, basándose en el conjunto de condicionantes que estableció la Cotmac como requisito para su publicación, y desde entonces se han sucedido las reuniones entre el ayuntamiento y la Dirección General de Urbanismo, en torno a ese conjunto de condicionantes".
Añadió que "en el pleno de 28 de noviembre de 2008 el Ayuntamiento de Arona aprueba el documento de subsanaciones, que nos remitieron el 26 de diciembre de 2009".
Tras esta remisión, el Gobierno autónomo ha analizado el PGO en diversas reuniones con el equipo redactor y los responsables políticos municipales, cuando se interpone un recurso contencioso-administrativo en el que se solicita, como medida cautelar, la suspensión de la entrada en vigor del Plan General.
Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia desestima por dos veces dicha solicitud de suspensión, dice en su comunicado Romero.
"Esto nos permite concluir que se ha requerido al ayuntamiento, mediante oficio, a que complete las subsanaciones, subsanando algunas cuestiones pendientes y estableciéndole plazo para ello, todo siempre sobre la base de los condicionantes del acuerdo de la Cotmac de 2006", señaló.