En una sentencia dictada el pasado 21 de este mes y notificada este martes al Ayuntamiento de Güímar, la Audiencia Nacional vuelve a dar la razón al consistorio en su conflicto con Costas sobre la condición de urbano o rústico de los cuatro núcleos poblacionales del litoral de Agache (El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente). La sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia confirma como urbano este suelo, con lo que, por tercera vez, los juzgados respaldan las tesis municipales frente a las del Ministerio de Medio Ambiente, que en 2006 cambió su opinión y consideró los terrenos como rústicos.

El alcalde, Rafael Yanes, mostró ayer, en compañía de los concejales Luisa Castro, Juan Delgado y Carmen Cabrera, así como el abogado que ha defendido al ayuntamiento en este proceso, Antonio García, la plena satisfacción de todas las fuerzas políticas locales y de los vecinos afectados por este nuevo fallo, que se refiere a los núcleos de La Caleta y Punta Prieta, pero que puede resolver definitivamente la situación del litoral de Agache.

Yanes anunció que el próximo lunes tiene previsto reunirse con el secretario general del Mar y que, el 8 de junio, hará lo mismo con la directora general de Costas para intentar convencerles de que acaten la nueva sentencia y, a diferencia del resto de resoluciones, renuncien a que el abogado del Estado vuelva a recurrir ante el Supremo, sala que, en todo caso, no podrá revocar la condición de urbano, aunque sí anular el fallo por defectos formales, entre otros.

La decisión no afecta al dominio público y a las construcciones levantadas en esta parte, cuantificadas en una veintena, pero sí resulta muy relevante porque, de considerarse rural, el área de servidumbre desde el límite marítimo terrestre sería de cien metros (con los seis de tránsito incluidos). Sin embargo, y al confirmarse el carácter urbano de estos núcleos, la servidumbre es de 20 metros, incluidos esos seis de tránsito.

De ser rústicos, no habría un especial riesgo de derrumbe de construcciones, ya que, según la doctrina del Supremo, las competencias corresponden a las comunidades autónomas y, en este caso, Canarias siempre ha defendido la condición urbana de estos espacios a través de organismos como la Cotmac, con lo que no iría en contra de sus propios pasos. No obstante, habría múltiples complicaciones para que los vecinos pudieran realizar obras en sus casas. Al ser urbanos, estas opciones se abren. En la zona de dominio público, será Costas la que dé o no autorizaciones, aunque todo apunta a que habrá demoliciones.

En total, Güímar tiene censadas a 960 personas en estos núcleos, aunque la población es mayor.