El grupo de gobierno de Granadilla de Abona ha presentado las auditorías realizadas en el ayuntamiento en los dos últimos años sobre la gestión realizada por los socialistas con anterioridad.
En este sentido, la alcaldesa, Carmen Nieves Gaspar Rivero, insiste en que "en Grasur se han realizado contrataciones a dedo, sin llevar a cabo los trámites necesarios para una adjudicación".
"Se produjeron graves irregularidades durante, al menos, algunas fases de la etapa de gobierno socialista que han supuesto un quebranto para los intereses municipales", explica Gaspar Rivero, quien añade que "éstas están relacionadas con contrataciones, algunas licencias y el funcionamiento de la sociedad pública Grasur".
Según la mandataria granadillera "era nuestro deber dar traslado de estas irregularidades a los organismos pertinentes, como hemos hecho ampliando la causa contra la anterior Junta de Gobierno que se encuentra abierta en estos momentos".
Irregularidades
"Existen licencias urbanísticas concedidas con informes técnicos y jurídicos desfavorables e, incluso, algunas carecen de informes; en la mayoría de los expedientes auditados de Grasur existe omisión de los criterios de ponderación, con lo que no se tiene en cuenta la Ley de contratos y se adjudican obras de millones de euros sin criterios de adjudicación, es decir, al libre albedrío de la dirección técnica y jurídica de Grasur; existen expedientes (Médano 1 y Parque urbano de San Isidro) en los que la auditoría establece que no ha habido objetividad, otros en los que no se refleja ni la solvencia ni la clasificación empresarial de la adjudicataria, 9 más incompletos o que incluían fotocopias y otros, como el del barranco de Cha Joaquina, donde en los criterios se establecía que se concedía a una empresa la obra por el plazo menor de tiempo para la realización de la misma y donde esta adjudicataria solicitaba después la ampliación del plazo de realización en ocho meses y se le concedía", señala la alcaldesa de Granadilla de Abona.
Según Carmen Nieves Gaspar Rivero "la Ley de contratos ha sido la gran desconocida para Grasur durante la etapa socialista, lo que puede conllevar consecuencias penales e incluso patrimoniales personales. Queremos que la Justicia dictamine las responsabilidades y nosotros lo que haremos será gestionar y velar por la legalidad. Además, hemos acudido al fiscal general del Estado para que adopte las medidas oportunas por la no comparecencia de la Fiscalía en seis ocasiones en el caso contra la anterior Junta de Gobierno socialista":
Por su parte, el concejal de Hacienda, Esteban González, destaca que "tampoco existen facturas justificativas, no se cumple con los requisitos formales, no se acredita la finalización de obras o el contrato se firma después de que se haya adjudicado o cuando termina la actuación".
Asimismo, el concejal de Alternativa Sí Se Puede Por Tenerife, Antonio Cabrera, resalta que "tenemos claro que todas estas irregularidades hay que ponerlas en conocimiento de la Justicia puesto que nuestra obligación es contribuir a la regeneración democrática de la gestión pública".