Explicado en pesetas, tal y como aparece en el sumario, son 6 millones por una licencia de obra mayor; 1 millón por el informe técnico de los arquitectos municipales; 2.500.000 por un dictamen jurídico y 45 millones por licencia de obra mayor. En total, 327.551,60 euros (equivalente a 54,5 millones de pesetas) es lo que aseguró el empresario José Ramón Ansorena al juez Nelson Díaz que le pidieron a su padre y a él durante la tramitación de la recalificación de una parcela (pasaría de uso turístico a residencial) para la construcción de 206 viviendas. En ese proceso habló con el entonces concejal de Urbanismo, Félix Sierra; Roberto de Luis, aparejador municipal; Eliseo de la Rosa, arquitecto técnico municipal, y Arsenio Zamora, definido en su declaración como intermediario, los tres últimos detenidos y puestos en libertad posteriormente.
De esas cantidades, aseguró que en 2001 pagó en metálico el millón de pesetas (6.000 euros) que le pidieron por el informe de los técnicos municipales (este documento era gratuito) y en 2002 abonó 1.500.000 pesetas (9.000 euros) de las 2.500.000 solicitadas por el dictamen jurídico que elaboraron dos abogados con despacho en Santa Cruz de Tenerife (que luego le hicieron saber que cobraron sólo 75.000 pesetas), el cual debía emitir el Cabildo.
Así consta en la declaración que Ansorena hizo ante el juez el 18 de diciembre de 2007, donde se indica que ambos pagos fueron hechos al intermediario Zamora.
Otro aspecto destacable es la aportación de una grabación realizada el 10 de julio de 2002 en la que el citado Arsenio Zamora le pidió los 45 millones de pesetas por la concesión de la licencia de obra mayor. Obra que luego fue paralizada y denegada su licencia.
Ansorena aseguró al juez Nelson Díaz que informó de todo ello al alcalde de entonces, Miguel Delgado, y que éste se limitó a decirle "que no quería saber nada de este tema e invitándole a salir de su despacho", algo que también le sucedió con el edil de Urbanismo, Félix Sierra.
Una vez obtuvo la aprobación del cambio de uso del suelo en el Cabildo y la CUMAC, en el ayuntamiento son Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa quienes le aseguran que su informe técnico sobre la licencia sería desfavorable. El sentido del mismo cambió cuando Ansorena les comunicó que trasladaría al juzgado la grabación citada, cuya existencia también conocían otros concejales.