Nelson Díaz Frías, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Arona, tomó declaración a dos testigos en el marco de la investigación que realiza a raíz de una denuncia en la que se indica que el presidente del Partido Popular (PP) en Arona, Félix Sierra, le pidió al empresario Manuel Castro 6.000 euros en el año 2003 para la formación política a la que pertenece. Al parecer, esta denuncia fue acompañada de una grabación en la que el empresario en cuestión confirmaría tal hecho.

Sin embargo, durante su comparecencia ante el juez en calidad de testigo, aseguró que Félix Sierra no le pidió ningún dinero ni para él ni para su partido, según consta en el acta de su declaración. En dicho documento, también se indica que negó haber manifestado a José Tavío, otro empresario citado por su señoría como testigo, que Sierra, directamente o a través de un intermediario, le hubiese solicitado ese dinero a cambio de quitarle el precinto de una obra ilegal. Cabe señalar que en la época en que se sitúa este hecho supuesto, el líder local del PP era concejal de Urbanismo.

En la declaración judicial de José Tavío se lee que Manuel Castro le había contado lo que ahora niega ante el juez llegando a afirmar que, incluso, le dijo que lo había pagado. Asimismo, Tavío respondió a su señoría que Castro le indicó que ese pago hizo que le levantaran el precinto de una obra de autoconstrucción consistente en un salón y realizada sin licencia en la carretera general que enlaza Buzanada con Valle San Lorenzo.

Tavío aportó más detalles sobre la presunta confidencia que le hizo Manuel Castro explicándole al juez que éste le contó que Sierra había mandado a alguien para cobrarle el dinero y que, además, el empresario había acudido a casa del concejal del PP en Los Cristianos en varias ocasiones para hablar de este tema. Todo ello fue negado por el aludido ante el mismo juez.

Algo habitual

Manuel Castro manifestó que nunca habló con Félix Sierra del problema que tenía con la licencia de su obra, sino con su secretaria, Águeda Fumero, y aseguró al juez que quitó el precinto de la construcción dos años después de paralizada. De hecho, la terminó siguiendo lo que, a su juicio, es práctica habitual en Arona desde los 25 años que hace que retornó al municipio: dejar prescribir la irregularidad y pagar una multa a la administración, algo que resulta más barato. En esa edificación hay actualmente varios negocios sin que tuviera problemas para obtener las licencias, añadió.

En este tema vuelve a aparecer el nombre de otro empresario, José Antonio Ansorena, que sería quien grabara la conversación que mantuvieron Manuel Castro, José Tavío y el propio Ansorena en la que, supuestamente, el primero confirmaría la petición de dinero para el Partido Popular por parte de Félix Sierra en el año 2003.

El juez Nelson Díaz Frías también escuchó a Tavío explicar que había sido denunciado en una ocasión por el alcalde, José Alberto González, habiendo sido absuelto de la acusación de ser autor de unas pintadas contra el mismo.