La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Arona, Ana Carolina Díaz Afonso, ha citado a declarar al alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, y a siete concejales más del gobierno municipal del mandato anterior (2003-2007) en calidad de imputados por la investigación abierta sobre el Plan General de Ordenación (PGO).
Según la providencia a la que ha tenido acceso EL DÍA, el primero en declarar será el regente aronero, citado para las 10:00 horas del 18 de octubre próximo, al igual que el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Barrios.
Una semana después, el 25 de octubre, y a la misma hora comparecerán los que fueron ediles Sebastián Martín y Daniel Martín, mientras que sus compañeros de gobierno Alfonso Barroso y José Luis González están citados para las 10:00 horas del 8 de noviembre. Finalmente, Juan José Alayón y Félix Sierra declararán ante su señoría el 15 de noviembre.
Todos ellos formaban la Junta Local de Gobierno durante el mandato que también abarca las imputaciones que tienen todos los citados en el marco del conocido como "caso Arona", cuyas diligencias tiene abiertas el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Arona, Nelson Díaz Frías.
Curiosamente, el Plan General de Ordenación de Arona es un documento que todavía no está en vigor porque no ha sido aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Este órgano le dio el visto bueno a una parte del planeamiento el 20 de diciembre de 2006, a medio año de unas elecciones municipales. Sin embargo, puso reparos a otra parte del PGO y pidió la subsanación de los mismos.
El gobierno municipal surgido de las urnas el 27 de mayo de 2007, que sigue presidiendo José Alberto González, logró que el Pleno, con un solo voto en contra (el del edil socialista José Antonio Reverón González), aprobara las modificaciones el 28 de noviembre de 2008, pero aún así la Cotmac mantiene en suspenso el planeamiento de Arona debido, al parecer, a las presuntas irregularidades en que incurriría el documento atendiendo a las denuncias de las que ha sido objeto.
Esa aprobación de las correcciones casi dos años después de que las propusiera la Cotmac fue objeto de la denuncia que ha dado pie a este nuevo sumario. La que entonces era jefa de los servicios jurídicos del consistorio, Manuela Melo (sería trasladada de puesto con posterioridad), emitió el único informe que contenía dicho expediente advirtiendo en el mismo de la introducción de modificaciones sustanciales en el planeamiento que alterarían lo ya aprobado por la Cotmac. Esta tesis la defendía el colectivo vecinal que denunció representado por los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa.