La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arona autorizó un gasto de 81.900 euros para pagar las minutas del abogado José Ramón Pitti Reyes por la defensa de cuatro concejales del gobierno municipal actual que aparecen imputados en el sumario del denominado "caso Arona", que instruye el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de dicho partido judicial, Francisco Nelson Díaz Frías.

En el transcurso de la sesión celebrada por dicho órgano de gobierno el pasado 27 de julio, una vez asumidas las competencias que anteriormente estaban delegadas en el Pleno, las autoridades locales dieron el visto bueno a que se costeara la defensa de los concejales Manuel Reverón y Clara María Pérez, por importe de 18.900 euros cada uno de ellos, así como de Antonio Luis Sosa y María Candelaria Padrón, por 22.050 euros en cada caso, con cargo a las arcas municipales.

Este acuerdo fue adoptado contando con los informes preceptivos emitidos por la Secretaría General y la Intervención de la Corporación aronera, en los cuales se hace constar que "se pueden considerar estos gastos como indemnizables a título de gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo". Eso sí, también se refleja que las cantidades que el consistorio pague a los concejales por su defensa jurídica en el marco de este caso judicial deberán ser reintegrados al ayuntamiento en aquellos casos en que las sentencias sean desfavorables a los representantes públicos.

En cualquier caso, por parte de la Secretaría General se hace constar "la imposibilidad de poder analizar el contenido del expediente", debido a que el mismo fue incluido por el procedimiento de urgencia en el orden del día de la sesión de la Junta de Gobierno Local, cuya decisión final fue aprobar por unanimidad la propuesta que formuló el teniente de alcalde Jesús Ramón García.

Este acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Arona complementa una decisión plenaria anterior en la que el grupo gobernante decidió pagar 60.000 euros por la defensa del alcalde, José Alberto González Reverón, y de otros concejales del mismo órgano pero del mandato anterior. Ese acuerdo fue impugnado por los socialistas pero, finalmente, la decisión judicial correspondiente le dio la razón al gobierno aronero.

La casa del concejal

En el marco de las diligencias previas del "caso Arona", el día uno pasado fue emitida una providencia por el juez Francisco Nelson Díaz en la que, entre otras cuestiones, reclama la documentación urbanística referida a la situación en que se encuentra la zona en la que está edificada la vivienda del concejal de Policía de dicha corporación, Manuel Reverón, que ha sido calificada de ilegal pero que aún no ha sido demolida. Cabe recordar que por tal motivo, entre otros, tuvo que comparecer ante su señoría en calidad de testigo la consejera de Planificación del Cabildo de Tenerife, María del Pino León Hernández.

Esta petición está dirigida la Corporación insular y consiste en una copia certificada de los planos y memorias del documento de Plan Insular de Ordenación Territorial Parcial de la zona Cabo Blanco y Buzanada, aprobados inicialmente y, en su caso, cualesquiera documentos o planos que en la actualidad, y tras la aprobación inicial del documento, hubieran supuesto modificación de los iniciales. Concretamente, concierne a la zona de Buzanada en donde se encuentra situada la calle Pintores Canarios, donde reside el concejal.