El Pleno del Ayuntamiento de Candelaria (Tenerife), con los votos favorables del PSC-PSOE y el de un concejal no adscrito, ha decidido respaldar una iniciativa del alcalde, José Gumersindo García, en la que se solicita el traslado de la Central Térmica de Unelco-Endesa de Las Caletillas, un acuerdo que será trasladado al presidente del Gobierno de Canarias, el presidente del Cabildo de Tenerife y a los distintos grupos parlamentarios..
Según se ha informado en una nota de prensa, la propuesta recoge la disposición del Ayuntamiento a colaborar para llegar a un acuerdo que garantice el suministro eléctrico de la isla, teniendo en cuenta la propuesta de traslado de la instalación al Polígono del Valle de Güímar o a cualquier otro emplazamiento que reúna mejores condiciones, así como fijar una fecha tope para que Unelco-Endesa abandone su función generadora.
Para ello, tal y como ha manifestado el alcalde, "el Ayuntamiento estaría dispuesto a flexibilizar el plazo de desmantelamiento fijado actualmente para junio de 2015 en el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio, aprobado por la Cotmac y en vigor desde junio de 2007".
CESIÓN DE TERRENOS
Asimismo, en la propuesta se pide que en el caso de que se amplié el plazo de establecimiento de la Central éste sea justificado; que se concedan compensaciones al municipio de Candelaria por su mantenimiento; y que mientras dure la ocupación se produzca la cesión de terrenos propiedad de Unelco, próximos a la Central, para uso deportivo y de ocio de los vecinos.
Otro de los puntos de la propuesta contempla la petición a los distintos grupos parlamentarios a que no aprueben la derogación de la Directriz 36.8 de la Ley de Directrices, lo que, según palabras del alcalde, "sería una grave contradicción con el espíritu que movió a esa misma Cámara de representación del pueblo canario a aprobar una Ley que tenía el noble objetivo de implantar un modelo de desarrollo más sostenible y duradero para las islas".
En este sentido, ha pedido que sea el Parlamento de Canarias quien proponga a todas las administraciones, lideradas por el Gobierno de Canarias, la búsqueda de una solución de consenso que permita cumplir con las necesidades de todas las partes afectadas.