La urbanización de Las Palmeras en el municipio tinerfeño de Güímar se encuentra en los juzgados desde el año 2008 tras llegar a la Fiscalía de Medio Ambiente un expediente en el que se desvelaba que el planeamiento autorizaba la construcción de 800 viviendas, pero que finalmente y con procedimientos ''poco claros'' según un informe de la Secretaría General del Municipio había terminado con la construcción total de 1.474 viviendas.
Dicho expediente --al que ha tenido acceso Europa Press-- terminó en manos de la denominada Fiscalía Anticorrupción que es quien ha continuado con el caso en los juzgados del municipio tratando de esclarecer, por qué se han construido tantas vivienda, porqué no se cuenta con un 10 por ciento del suelo para viviendas de protección oficial como exige la Ley, por qué las zonas verdes incluyen el cauce de un barranco de Piedra Gorda, en cuyo historial de los últimos 500 años hay constancia de que hubo una riada o por qué una parte se ha construido en parte de la zona de protección del litoral, que además ha computado como zona de esparcimiento propia de una urbanización.
El concejal de Alternativa por Güímar, Francisco Hernández, ha sido uno de los que ha seguido este caso y ha explicado que el Plan Parcial iniciado a instancias del constructor Antonio P. ha sido continuamente modificado desde el año 1986 en el que se cambiaron las normas subsidiarias. El proyecto hablaba de una urbanización del 200.000 metros cuadrados con una densidad de 50 viviendas pro hectáreas y para 3.800 habitantes y con un número máximo de 800 viviendas.
Finalmente, se han construido 1.474 viviendas y del 20 por ciento para viviendas de protección pública no quedó nada como además sobre los espacios libres para los que se preveía dejar 51.374 metros cuadrados han sido desplazados al litoral, así como a la zona del barranco. "Esta es una urbanización que tiene metro y medio de la construcción sobre la línea de costas", han apuntado desde Alternativa por Güímar, así como usar un cauce público como zona de esparcimiento a pesar de las ''reticencias'' del Consejo Insular de Aguas.