Lo que hace cuatro años constituía el sueño político de un alcalde, hoy en día se ha convertido en una realidad que llena de satisfacción a Rafael Yanes, quien alentado por una reciente sentencia que le vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Güímar en su decisión de clausurar una de las cinco canteras de áridos, no oculta su satisfacción porque lo que constituyó su principal promesa electoral se ha transformado en una realidad que ya empieza a dar sus frutos para recuperar un terreno que durante décadas condicionó el desarrollo y la conservación del municipio.

A pesar de los recursos presentados por las industrias extractoras, el proceso de clausura concluyó en el año 2008, mientras que "la decisión de los precintos siempre ha sido ratificada, una a una, en los juzgados", por lo que se confirma que "la decisión de clausurarlas está bien tomada".

El presente y el futuro más inmediato están ahora ligados a lo que fue el origen de esta medida, que no es más que la recalificación de un suelo del que durante décadas se extrajo material horadando casi hasta las entrañas de la tierra, dejando unas heridas que en algunos casos llegan casi a los cien metros de profundidad en los que ahora habrá que poner el remedio que Yanes ha venido repitiendo una y otra vez: la restauración hasta devolver a estos espacios su aspecto original.

No obstante, resaltó que las medidas para compensar el daño que se ha ocasionado durante cuatro décadas "se deberán acometer con el dinero de quienes lo causaron", que en este caso son los propietarios de las empresas extractoras, que a pesar de que han recurrido esta medida, aclaró que "ya no está en vigor el plan que redactó el Gobierno regional para las extracciones en barrancos, ya que el PIOT contempla un plan parcial territorial, que es el que se está impulsando su modificación".

El alcalde reconoce que la inversión privada para volver a darle a este suelo un uso agrícola "será muy costosa, que deberán asumir las cinco empresas precintadas", a las que advirtió de que "en caso de no quieran asumir dicho desembolso, podrían enfrentarse a la expropiación de dichos espacios".

La modificación del PIOT

Además, Yanes mantuvo a finales de esta semana un encuentro con el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, para escenificar el acuerdo que suscribieron ambos mandatarios de empezar a impulsar medidas tras las elecciones, con el propósito de modificar el PIOT, una vez que ambas corporaciones se han pronunciado a favor de determinar que el suelo sea de uso agrícola, rechazando así el plan que ordenaba la extracción y que establecía en ambos planeamientos su calificación de extractivo. Melchior se comprometió a hacer efectiva la modificación del PIOT antes de finales de este año.

No obstante, aún queda mucho trabajo por delante, ya que el tercer paso que hay que desarrollar para compensar el efecto que causaron las extracciones en cinco enclaves del municipio consiste en la puesta en marcha de un plan de restauración del paisaje y canalización de los barrancos, un aspecto que para Yanes precisa de una acción decidida, porque "encarna un riesgo incalculable en caso de lluvias torrenciales", ya que la actividad extractiva ha modificado la fisonomía del terreno, "centrándose la zona de mayor peligro entre la autopista del Sur (TF-1) y el Puertito de Güímar".

El estado de los cauces de los barrancos de Badajoz o el de Piedra Gorda ya no están definidos por la acción directa de las extracciones, lo que aporta una gran indefensión ante lluvias torrenciales, por lo que la solución no solo pasa por declarar este espacio como suelo agrícola o recuperar el paisaje.

Por ello, Yanes recordó que sobre las empresas extractoras ya hay diligencias previas abiertas "por un posible delito ecológico, algo que ha sido propuesto por grupos de ciudadanos, en un juicio en el que el ayuntamiento también se ha personado. Evidentemente, exigiremos una compensación multimillonaria para el municipio, porque se ha causado mucho daño al territorio y a la agricultura", una actividad que, afirma, tras las clausuras, ya se ha ido recuperando, "aunque también hay que tener en cuenta que buena parte de esos terrenos son propiedad de los areneros, que lo adquirieron solo para la extracción de áridos".

En total, el ayuntamiento aspira a recuperar cuatro millones de metros cuadrados, que revertirían en una actividad "por la que hay que apostar decididamente, puesto que lo que se desarrolló en función de la construcción ya sabemos qué resultado ha dado".

Yanes indicó que el debate sobre el número de puestos de trabajo que ambas actividades pueden aportar "está servido, pues en ambas se genera un movimiento importante", aunque remarcó que "el desarrollo de ambas actividades de manera paralela es del todo incompatible".

En este sentido, explicó que la extracción de áridos "perjudica a la agricultura por la polución que genera", uno de los motivos principales de su cruzada, que lo llevan a calificar las repercusiones que ha dejado atrás esta actividad como "el atentado ambiental más importante que se ha padecido en el Archipiélago".

A pesar de la amplia superficie que se ha visto afectada, que representa el 4% del territorio de Güímar, Yanes asegura que "mi sueño es verlo todo en su estado original", algo que cree ha empezado a ser una realidad "desde el momento en que se paralizó la primera arenera y que el Cabildo aprobó por unanimidad la declaración de defensa de este suelo, algo de lo que estoy muy agradecido a Melchior y a la consejera insular de Planificación, Pino León, que siempre han estado con nosotros en esta lucha".

Los primeros pasos

El alcalde se marca como primeros plazos para que estos cuatro millones de metros de suelo tengan una segunda oportunidad, que "en estos cuatro años de mandato se pueda aprobar la nueva calificación en los planeamientos insular y local, pues una vez que sea agrícola, el problema ya se acabó".

Rafael Yanes indica que con el cierre de cuatro de los cinco enclaves de extracción que estaban establecidos en su territorio "se demostró que con el reciclaje de los desmontes de las obras se podía abastecer a la Isla de áridos, algo que ocurrió en plena efervescencia de la construcción".

Además, aseveró que "a través de un estudio encargado por el Cabildo, también se dejó patente que el municipio de Güímar no es imprescindible para abastecer a Tenerife de áridos".

La decisión de cierre de estas actividades "también ha demostrado que la actividad agrícola se ha ido recuperando paulatinamente", algo que le recuerda que "este ha sido mi objetivo número uno en política, que una vez que lo vea realizado, ya me dejará satisfecho para toda mi vida".

Sin embargo, no considera que su lucha sea un ejemplo para otros municipios, pues remarca que "lo que ha padecido Güímar ha sido el mayor atentado paisajístico del Archipiélago".

la clave

Una lucha heredada

El cierre de las canteras es una lucha que se remonta a varias décadas. En 1997, con Vicenta Díaz como alcaldesa, se decretó el cierre y precinto de cuatro areneras. Los recursos en los tribunales demoraron la medida, aunque vecinos y autoridades bloquearon los accesos a estas actividades en noviembre de 1999, pero no fue hasta abril de 2008, más de una década después, cuando llegaron los cierres. En junio de 2004 se precintaba la primera cantera, con Javier Mederos (CC) como alcalde accidental, que repitió la maniobra en diciembre de este ejercicio. Ya en febrero de 2005 se clausuraron otras dos actividades, pero no fue hasta el mes de abril de 2008 cuando se pudo declarar por definitiva esta acción, dando paso ya con Yanes al frente del ayuntamiento, a la difícil labor de restaurar toda la zona.