La demora del ingreso y la paralización de los expedientes por resolver de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) por parte de la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno canario mantiene en vilo al alcalde de Candelaria, José Gumersindo García Trujillo, preocupación que ha trasladado a través de una carta dirigida a la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
El mandatario municipal señala que en el caso de la Villa Mariana son 27 las unidades familiares que tienen derecho a dicha ayuda, "que dejarán de percibirla hasta enero de 2012" algo que ocurre en el resto de los municipios canarios y que puede traer enormes dificultades. De estos casos, hay siete que forman parte de los expedientes de renovación de las prestaciones ya vencidas, mientras que los 20 restantes son nuevos y que se han ido enviando desde el pasado mes de junio.
Así, manifestó que la situación "conllevará enormes problemas para las familias beneficiarias, ya que pueden sufrir cortes de suministro eléctrico o de abastecimiento de agua, e incluso verse abocadas a desahucios o al embargo de sus casas al no poder hacer frente a las rentas de alquiler o cuotas hipotecarias a las que están obligados", afirma el presidente de la corporación local.
Para el alcalde, el socialista José Gumersindo García, la atención a este colectivo, que aseguró se puede ver aumentado con el paso de las semanas debido la actual situación económica por la que atraviesan todos los sectores, incluidas las administraciones públicas, debe "ser objeto de atención preferente por parte de las administraciones públicas" tal y como se estable en la Ley Reguladora de la Prestación de Inserción.
Carta a la Fecam
Por ello, en la carta que dirigió García Trujillo se solicita a la Fecam que realice cuantas gestiones sean necesarias ante el Gobierno de Canarias para que active la resolución de las ayudas económicas de la Prestación Canaria, evitando con ello agravar la exclusión social de los colectivos más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad y, por tanto, los que más sufren las consecuencias de la crisis.
Y, en el caso de que no fuera posible resolver y abonar inmediatamente las PCI, se requiera la Consejería competente para que realice gestiones con entidades bancarias a fin de que éstas puedan anticipar las cantidades debidas a las familias con derecho a la PCI, debiendo la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias garantizar el pago de las mismas y asumir los intereses que se deriven del abono anticipado de aquellas.