El gobierno local de Arona no tuvo conocimiento hasta pasado varios meses del recurso que presentó contra la bajada del canon la concesionaria de mantenimiento, según afirma el portavoz del ejecutivo municipal, Antonio Sosa, quien contesta al jefe de la oposición, José Julián Mena.
"Los técnicos municipales deben dar conocimiento a la parte política de los expedientes que entran en el ayuntamiento, pero algunas veces lo hacen y otras no", pone de relieve el nacionalista.
"En una corporación municipal como la de Arona es imposible controlar todos los expedientes de todos los departamentos", asevera el portavoz del grupo de gobierno.
"Además, cuando estamos ante un recurso de reposición, como el que presentó la UTE Elsamex-Tinerfeña de Obras Públicas, el silencio administrativo se entiende como negativo", asegura Antonio Sosa.
"Ahora bien, la concesionaria tanto si le hubiéramos respondido desestimando el recurso en tiempo y forma, en los 30 días que establece la normativa, que como se ha llevado a cabo (ocho meses después) no hubiese cambiado nada, pues de igual manera la adjudicataria del servicio hubiera presentado la demanda judicial" contra el consistorio, manifiesta el concejal del grupo de gobierno.
Antonio Sosa reconoce, sin embargo, que "la responsabilidad que no se haya desestimado antes el recurso es nuestra porque somos el gobierno local, pero estamos ante un trabajo administrativo que deben resolver los técnicos".
Potestad del consistorio
El portavoz del ejecutivo municipal no entiende, por tanto, los motivos de por qué el jefe del principal grupo de la oposición "cargue contra la parte política" en este asunto, señalando así que Mena "no tiene razón" en sus planteamientos al querer menoscabar el trabajo que desarrolla el gobierno municipal.
En cuanto a la bajada del canon efectuada a todas las concesionarias que tiene el Ayuntamiento de Arona, Sosa afirma que "tenemos potestad de rebajarlo de forma unilateral hasta un 20 por ciento".
Cabe recordar que, la UTE que se encarga del mantenimiento y conservación de los edificios públicos municipales y vías públicas del ayuntamiento está reclamando por la vía judicial más de 586.300 euros por la reducción del canon aprobada unilateralmente por el gobierno local y ratificado en el Pleno del pasado 30 de diciembre.
Dicha circunstancia motivó que la concesionaria presentase un escrito en febrero contra la medida y donde pedía "la nulidad del acto administrativo" porque la UTE "se vería en la imposibilidad de hacer frente al pago de los salarios de los trabajadores".
Sin embargo, la desestimación de la alegación se produjo en el transcurso del último pleno, a finales de octubre.