La Dirección General de Costas ha vuelto a comunicar a los afectados del núcleo costero de Los Roques de Fasnia su intención de proceder al derribo para recuperar la servidumbre de tránsito.

La notificación tiene fecha de salida del pasado mes de octubre, y según el abogado José Luis Langa, también representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (Aeplc), "establece un mes para proceder a los derribos", una medida que, aseveró, contrasta con la posibilidad de "rehabilitar y renovar, y no derrumbar", para la que, señaló, se cuenta incluso con ayudas de la Unión Europea.

Langa le reprochó al PSOE que "ni en plena campaña electoral haya aplicado una moratoria en la ejecución de su Ley de Costas, dándose prisa para aplicar medidas que han pendido sobre las cabezas de más de 160.000 canarios en los últimos 20 años".

El letrado abogó por resolver este asunto "políticamente y con sentido común", ya que en este enclave consolidado, con más de un siglo de antigüedad, hay varias casas afectadas e incluso la ermita, todas construidas con antelación a la Ley de Costas.

Además, en su repaso sobre la situación de los núcleos costeros pendientes de deslinde, recordó que en el caso de Cho Vito el plazo para el desalojo concluye el próximo 30 de noviembre, aunque confió en que "esta situación cambie a partir del próximo día 20, después de las elecciones".

En cuanto a la realidad del núcleo de Santa Lucía, en el litoral de Agache, el letrado expresó el malestar de los afectados tras un reciente edicto del Ayuntamiento de Güímar, por el que se decreta de nuevo el desalojo de las viviendas afectadas por los desprendimientos de junio de este año. Según Langa, la medida obedece a una presunta ocupación de los desalojados, cuando señaló que el alcalde, el socialista Rafael Yanes, "no ha hecho nada desde entonces para resolver el problema", y añadió que "no debería entrar en cuestiones de competencias, porque decir ahora que la autorización de las obras corresponde al Gobierno regional es, simplemente, una tomadura de pelo".

Negó "la rotura de ningún precinto", por lo que anunció que esta circunstancia había sido puesta en conocimiento del juzgado, pues afirmó que frente a la falta de actuación, "con los vecinos lo que se ha hecho es intimidarlos y desalojarlos".