Cinco meses después de los desprendimientos de rocas de grandes dimensiones en el núcleo costero de Santa Lucía, en el litoral de la comarca de Agache, la Dirección General de Costas ha determinado que la autorización para poder acometer las obras necesarias que aseguren la ladera es una competencia del Gobierno de Canarias, una circunstancia que también confirmó ayer la Viceconsejería de Ordenación del Territorio.
Tras la caída de piedras en este enclave se procedió al desalojo de más de una veintena de casas, aunque el estudio geotécnico encargado por los vecinos afectados, donde se señalaban las obras necesarias, también recomendaba impedir el acceso a cuarenta de ellas por motivos de seguridad.
José Antonio Herrera, presidente de la asociación de vecinos Santa Lucía, quien ayer acompañó al alcalde de Güímar, Rafael Yanes, a una reunión con el viceconsejero de Ordenación de Territorio, Mario Pérez, señaló que "se han perdido cinco meses para adoptar una decisión" y manifestó que "Costas nos ha venido tomando el pelo y engañando". No obstante, indicó que tras el encuentro con el departamento regional, "el compromiso es concedernos la autorización en los próximos días", pues precisó que se ha considerado la ejecución de estas obras "con carácter urgente, tras haber solicitado la autorización necesaria este martes durante el encuentro".
Tras este giro en la situación de este barrio costero, el Ayuntamiento güimarero encargará un proyecto, en función del estudio geotécnico elaborado hace meses por la empresa especializada Icinco, que contemplaba, entre otras medidas, la retirada de elementos sueltos, el mallado de la zona y el reforzamiento de la pared.
Proyecto de medio millón
Herrera señaló, en cuanto a la financiación de dicha actuación de protección, que podría superar los 500.000 euros, que se llevarán a cabo contactos con el Gobierno central, Cabildo de Tenerife y el Gobierno regional para recabar su aportación.
El dirigente vecinal le reprochó a Costas que "nos haya hecho perder tanto tiempo, incluso más de un año, ya que en 2010, mucho antes de los desprendimientos del pasado 3 de junio, ya se solicitó autorización a esta Dirección General para acometer actuaciones ante los posibles derrumbes".
Sin embargo, Herrera señala que ahora, cinco meses después de los desalojos y diversas reuniones, alguna de ellas en Madrid, "Costas determina que la zona afectada está dentro de la servidumbre y, por tanto, que la autorización de las obras en este lugar es algo que corresponde al Gobierno canario".