La entrada de una docena de familias de okupas en las viviendas sociales abandonadas de Llano del Rey, ubicadas en el casco urbano de Arona, preocupa en la Consejería de la Vivienda del Ejecutivo regional no solo por el acceso en sí a dichos inmuebles, sino también por el estado en el que puedan encontrarse las mismas.
Sin embargo, fuentes del citado departamento regional afirman que el Gobierno canario "no tiene ninguna competencia" en estas VPO aroneras y la administración que tiene que tomar medidas "no es otra que el consistorio".
Las viviendas "fueron encargadas y construidas en su momento por el Ayuntamiento de Arona, pues a pesar de que hubo intentos de cesión al Ejecutivo autonómico nunca se materializó por distintos problemas", aseguran desde la citada consejería.
Al respecto, insisten las fuentes consultadas por este periódico que las VPO en situación de abandono de Llano del Rey "son municipales" y será dicha administración pública la que tenga que decidir lo que hace con la entrada ilegal que se ha producido.
"Lo reconocido por el Gobierno canario solo viene a ratificar lo que desde hace años veníamos intuyendo", manifiesta, por otro lado, el presidente de la Asociación de Vecinos Almácigo, Sixto Mena.
"Supina incompetencia"
"Los nacionalistas no solo han mostrado una supina incompetencia, sino que además son unos mentirosos para no asumir su responsabilidad y culpa de las viviendas sociales de Llano del Rey", asevera el responsable del citado colectivo.
"Cada vez que hemos ido a pedirles el derribo de estos inmuebles siempre se han escudado que no eran los competentes, argumentando que la gestión de estas VPO la tenía asumida el Ejecutivo autonómico", manifiesta indignado Mena, añadiendo que "por dignidad política el gobierno local debería dimitir en bloque".
Aunque este periódico intentó insistentemente conocer la versión del grupo de gobierno derivado de estos acontecimientos, el mismo no fue posible.