Las arcas del Ayuntamiento de Güímar se resentirán como consecuencia de la sentencia de la sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al obligar al pago de una indemnización de unos 300.000 euros a una promotora.

El fallo judicial, que no es firme, es consecuencia de "la suspensión en 2009 de la urbanización de la Era de Don Miguel", según manifiesta el portavoz de Coalición Canaria (CC) en la Corporación local, Javier Mederos.

El edil explica que "la sentencia reconoce el derecho de la entidad a obtener del Ayuntamiento de Güímar una indemnización por daños y perjuicios más los intereses legales desde la fecha en que se presentó la demanda y hasta que se proceda a su abono completo".

La citada cantidad se sumará "a lo que el Ayuntamiento de Güímar le debe a la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura, que son cinco meses de su gestión, por valor de unos 670.283 euros, además de las siete mensualidades que adeuda a la adjudicataria de limpieza de las dependencias municipales, que superan los 362.600 euros", indica el edil de la oposición.

"Por tanto, la cantidad total en deudas en solo estos capítulos se acerca a 1,4 millones euros y viene a mermar aún más la ya maltrecha hacienda local", expresa Mederos preocupado.

La sentencia "es otra muestra de que las cosas no se están haciendo correctamente y contradice la afirmación del grupo de gobierno cuando asegura que gracias a la austeridad las cosas marchan bien en el municipio", explica el edil.

Mederos resalta que "no entendemos cómo es posible que si tan bien marchan las cosas económicamente las empresas de Güímar no den crédito al gobierno local y tenga que buscarlo con proveedores de fuera del municipio. Otro indicador de que las cosas no van bien se refleja en la subida de las tasas y demás tributos, a través de lo que ellos llaman actualización".

"La situación es fruto de la mala gestión del gobierno local, que no ha sido capaz de cuadrar las cuentas y que está llevando al municipio al endeudamiento", dice.

El alcalde, Rafael Yanes, señala que la sentencia "la hemos recurrido y estamos convencidos de que no tendremos que indemnizar a la promotora".