La ampliación de la actividad avícola sin contar con la correspondiente licencia e incumplimientos en materia sanitaria han motivado que el Pleno del Ayuntamiento de Candelaria aprobase ayer medidas sancionadoras contra una granja de gallinas en la zona de Icerse por cometer faltas "muy graves".

El expediente, que se debatió en sesión plenaria y que contó con el respaldo unánime de todos los grupos políticos con representación municipal, contempla una sanción superior a los 30.000 euros. Además, se ordena el cierre durante medio año del complejo, "aunque será definitivo porque el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio prohíbe complejos de este tipo" en este ámbito al localizarse "en un núcleo urbano", según se resaltó desde el Partido Popular (PP).

Las sanciones adoptadas se fundamentan en base a expedientes realizados por técnicos y juristas. De hecho, un informe sanitario advierte que dado el volumen de el estiércol que se generaba por la cantidad de aves se "tenía que recoger la gallinaza dos veces por semana, pero se ha venido realizando cada 15 días" y otro recoge que la cantidad de gallinas "duplicaba" el autorizado inicialmente.

El PP, que justificó su apoyo en base a los informes elaborados, si se mostró preocupado por el futuro de los animales que están en dicho recinto y "porque el municipio pierde una empresa", estimando que el cierre afectará a una decena de personas.

La presencia de esta granja avícola en la zona de Icerse, que comenzó a funcionar en la década de los 70, había causado un gran malestar entre los vecinos al ubicarse la misma dentro de una zona urbana y de expansión.

Diez años de lucha

Los residentes más próximos al referido complejo presentaron múltiples quejas por los perjuicios que les ha generado esta explotación de gallinas, una lucha que se remonta diez años y que acumuló más de un centenar de denuncias en el Ayuntamiento de la Villa Mariana.

Los afectados trasladaron su preocupación en su momento al gobierno local porque la granja "debió cesar de su actividad desde el pasado 5 de junio, puesto que el PGO la califica fuera de ordenación y expiró el plazo de cuatro años" que le dieron.

Los denunciantes también explicaron que se ha cometido "un sinfín de irregularidades, como el incremento de 40.000 a 60.000 gallinas sin ningún tipo de licencia ni ampliación, cuando había un anexo con todos los requisitos y modificaciones, pero que tampoco se cumplieron".

En la zona más próxima de la granja se ubica una urbanización de una media de 30 viviendas, lo que representa más de 70 personas que, según señalaron, "llevamos años sufriendo todo tipo de malos olores y suciedad".

"Tampoco se cumple con la higiene que requiere una explotación de este tipo y dicha circunstancia provoca la presencia de ratas y moscas, que acaban entrando en las casas", manifestaron los afectados.