El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ordenó la paralización del desalojo de la granja La Caseta, aprobada unánimemente por el Pleno del Ayuntamiento de Candelaria tras "ampliar la actividad sin ajustarse a la licencia concedida". En la última sesión plenaria celebrada por dicha corporación, y atendiendo a la solicitud formulada por la empresa, el consistorio accedió a ampliar el plazo para completar el desalojo de dicha industria.

Desde el gobierno municipal que preside José Gumersindo García se recuerda que el Ayuntamiento de Candelaria inició en agosto de 2011 el expediente sancionador a La Caseta por no ajustarse a la licencia que les permite tener 22.500 aves, mientras que en las instalaciones contaban con unas 40.000. Este proceso finalizó en el mes de febrero pasado, cuando el Pleno aprobó imponer una sanción de 30.050 euros y proceder a la suspensión cautelar de la actividad por un periodo de seis meses.

El acuerdo fue notificado a la empresa, que solicitó la ampliación del plazo de desalojo hasta un mínimo de 40 días, alegando que el matadero no podía acoger ese volumen de aves en tan corto periodo de tiempo, comunicando, además, mediante un informe veterinario, las consecuencias higiénicas y sanitarias que se producirían si no se daba tiempo para desalojar a todas las aves.

La solicitud fue sometida a la consideración del Pleno el 23 de febrero, foro que concedió el incremento del tiempo para el desalojo con el objetivo de no ocasionar perjuicios a los vecinos colindantes con la granja.

El grupo de gobierno explicó que, mientras aconteían estos hechos, los propietarios de La Granja la Caseta interpusieron un recurso contencioso administrativo contra la resolución sancionadora solicitando al juzgado la adopción de medidas cautelares que consisten en suspender el desalojo alegando la falta de medios para retirar las aves. Una petición a la que accede el juzgado y da un plazo de tres días al ayuntamiento para que informe al respecto. En este sentido, el consistorio planteó su oposición a las medidas cautelares solicitadas por la granja y puso en conocimiento del Juzgado la última medida a la que accedió el Pleno de la corporación a petición de la propia empresa.

Finalmente, el juzgado ha resuelto mantener la medida cautelar por considerar que llevar a término la sanción administrativa producirá perjuicios irreparables en caso de ser estimado el recurso interpuesto por la granja, además de no acreditarse que si no se ejecuta inmediatamente pueda haber un perjuicio al interés general.

En estos momentos, el ayuntamiento está personado en el procedimiento, habiéndose remitido el expediente administrativo al juzgado, tal y como se requirió por éste, además de emplazar a los interesados. El consistorio defenderá que se dé cumplimiento a la resolución sancionadora aprobada unánimemente por el Pleno el pasado 14 de febrero.