El Juzgado de Güímar ha dado la razón a los vecinos del barrio de Santa Lucía y decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa que consistió en la denuncia por presunto delito de usurpación por parte del propio Ayuntamiento güimarero contra cinco vecinos que volvieron a sus viviendas después de haber sido desalojados de ellas hacía casi dos años.
La resolución judicial afirma que "de las declaraciones de los imputados se infiere que no ha podido incurrirse en un delito de usurpación por cuanto éstos son los legítimos ocupantes de las viviendas".
El auto también indica que "se infiere que cuando acudieron a las viviendas (los imputados) ya no existía precinto alguno y lo hicieron en conciencia por estimar que al haberse efectuado las obras por el ayuntamiento ya era posible ocupar nuevamente sus viviendas; no entendiendo que en el caso que nos ocupa exista una actitud deliberada y consciente de incumplir con una orden de la autoridad".