Greenpeace España ha solicitado hoy que se paren las obras de construcción del puerto industrial de Granadilla, en el sur de Tenerife, antes de que "sea demasiado tarde" y ha reclamado que "aquellos que han permitido esta barbaridad respondan con sus nombres y apellidos ante la Justicia".

La asociación ecologista ha reaccionado de este modo a la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la suspensión cautelar de la decisión del Gobierno de Canarias de 2009 de desproteger las praderas submarinas de sebadales (un tipo de algas) en el tramo de costa afectado por esa infraestructura.

"Es el momento de parar estas obras, para que no pase como con el puerto de Marín (Pontevedra), donde la Justicia llegó tarde, cuando ya se había destruido la mar y su costa. Es el momento de que no se destruyan 17 playas, cinco kilómetros de costa y, entre otros, el bosque sumergido de sebadal", asegura la responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, en la web de la organización.

Marcos recuerda que cuando en 2009 el Tribunal Supremo declaró ilegal los rellenos del Puerto de Marín, "en una de las más contundentes sentencias que se han producido en nuestro litoral", ya se habían "destruido una superficie de mar de 328.000 metros cuadrados, en una zona que era un importante banco marisquero".

Greenpeace alude a ese caso de Galicia porque considera que "la barbaridad de Marín se queda pequeña, muy pequeña, comparada con lo que supone el puerto de Granadilla", donde se pretenden ganar al mar un millón y medio de metros cuadrados a base de hormigón, advierte.

"No queremos que se cumplan nuestras premoniciones, queremos que se paren las obras de Granadilla. No puede pasar como en Marín, que cuando llegue la sentencia sea demasiado tarde, que ya se haya destruido este tramo de costa virgen para siempre", asegura Marcos.

La Autoridad Portuaria de Tenerife defendió ayer que la sentencia del Supremo no tiene efectos prácticos sobre las obras, que van a continuar, porque el fallo afecta a la modificación de un Catálogo de Especies Protegidas que ya no está en vigor, puesto que fue sustituido por una ley que rebajó la protección de la seba.