Mañana vence el plazo legal para la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga al Ayuntamiento de Candelaria a anular el Plan de Recursos Humanos que propició que más de un centenar de trabajadores, sin superar oposiciones, pasaran de ser personal laboral indefinido a funcionarios interinos sin hacer oposiciones y de personal laboral temporal a indefinido. Esta resolución, cuyo recurso no fue admitido a trámite por el Tribunal Supremo, ha sido uno de los golpes judiciales contra el consistorio, que debe restituir a los trabajadores en los puestos que tenían antes de implantar el plan. Para hoy también está previsto que en un juzgado de Güímar presten declaración un técnico municipal de Urbanismo y el redactor del informe externo contratado por el alcalde, José Gumersindo García, para demostrar la legalidad de una obra que hizo en su casa.
Para el día 23 de enero se prevé el juicio por el contencioso interpuesto por un trabajador municipal contra el Plan de Recursos Humanos ya citado.
Y para el día 27 de enero está previsto que presten declaración el alcalde, el concejal Francisco Pinto y el gerente de la corporación municipal por el polémico caso conocido como el "secretario trancado".