El abogado José Luis Langa realizó el miércoles las gestiones oportunas y, con el apoyo de letrados de una entidad financiera, consiguió paralizar un juicio de ejecución hipotecaria a una familia del barrio de Santa Lucía, en Güímar, que a comienzos de junio del 2011 perdió su vivienda después de un desprendimiento de rocas.

Langa explica que la familia de Miguel Hernández sufre una situación límite. Desde hace años, el cabeza de familia y su esposa están en paro. Y, además, Hernández sufre una grave enfermedad de próstata. Actualmente, la única persona que trabaja es su hija.

La situación para estas personas se complicó de forma grave en junio del 2011, cuando un derrumbe dejó inservible su domicilio. Desde aquel momento, Miguel Hernández, su mujer, Mercedes Olga, y su hija Estefanía se vieron obligados a alquilar una casa. Y, además, continuaban obligados a pagar las mensualidades de la hipoteca de una vivienda que ya no podían utilizar.

Fue precisamente el abogado José Luis Langa quien, en nombre de la citada familia, interpuso una demanda de responsabilidad civil contra el Ayuntamiento de Güímar. El argumento esgrimido por dicho letrado fue que por parte de la administración municipal se había incurrido en una negligencia, porque no se había colocado una malla que evitara los graves daños que ocasionó en su momento el citado desprendimiento.

La cantidad solicitada por la mencionada familia a través del procedimiento judicial ronda los 100.000 euros aproximadamente.

Supuestamente, según el propio Langa, los incumplimientos con la entidad financiera comenzaron en el año 2010. Actualmente, la deuda de dicha familia con la entidad financiera asciende a alrededor de unos 100.000 euros, incluidos los intereses. Ahora se iniciará un proceso de negociación que durará varias semanas.

La mediación de una letrada y un alto directivo

José Luis Langa agradeció ayer el comportamiento de una letrada del banco, que le proporcionó el contacto con un alto directivo de la citada entidad financiera, a quien pudo plantear la situación límite que padece esta familia. Finalmente, dicho cargo ordenó a los abogados del banco que apoyaran la iniciativa de Langa para solicitar al juez la suspensión del juicio hasta que se lleve a cabo un diálogo entre las partes para intentar buscar alguna solución al problema. El abogado señala que sus clientes aún están a la espera de la respuesta del consistorio de Güímar sobre la indemnización y que prevé reunirse con la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, en breve para abordar este asunto.