El secretario general del Ayuntamiento de Candelaria, Octavio Fernández, hace tiempo que empezó a demostrar que está absolutamente en contra de algunas formas de trabajar del gobierno local. Durante el último pleno, celebrado el pasado viernes, esa postura quedó nuevamente de manifiesto, concretamente en el apartado correspondiente a la ejecución de la sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula el Plan de Recursos Humanos aprobado por el consistorio y que afecta a casi 130 trabajadores, tanto los que fueron designados como funcionarios interinos como los declarados personal laboral indefinido.
El funcionario insistió en la importancia de comenzar lo antes posible todas las gestiones y trámites relacionados con la nueva situación laboral de dichos empleados de la corporación municipal. Un par de veces dejó claro que los cambios en los respectivos contratos y nóminas es una labor que requiere de varias semanas.
Sin embargo, el alcalde, José Gumersindo García Trujillo, insiste en que antes de comenzar con esos trabajos debe mantener una reunión con la mesa de negociación de la Junta de Personal, pues ese fue su compromiso con dicho órgano.
La comunicación de la sentencia firme por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se produjo el pasado 17 de enero y el ayuntamiento dispone de dos meses de plazo para ejecutar la resolución judicial de forma voluntaria. Transcurrido dicho tiempo, la aplicación de la sentencia tendrá carácter forzoso y conllevaría la existencia de responsabilidades.
El secretario general recordó en la sesión plenaria que la comunicación del Tribunal Supremo de que no admitía a trámite el recurso de casación planteado por el consistorio llegó en noviembre del año pasado y dicha información conllevaba que la sentencia del TSJC era firme.
El secretario recordó que algunos procedimientos adoptados por la corporación municipal pueden ser recurridos por los ciudadanos, puesto que están firmados por trabajadores que ejercen como funcionarios sin serlo.
Además, Octavio Fernández manifestó que la mitad de los miembros de la Junta de Personal deben cesar, porque ya no son funcionarios interinos.
Actualmente, ascienden a 78 los trabajadores que fueron ascendidos a funcionarios interinos en el ayuntamiento de Candelaria sin haber superado las pruebas de un concurso público, como establece la legislación.
El secretario general manifestó que la sentencia en contra del Plan de Recursos Humanos en el ayuntamiento candelariero ha sentado jurisprudencia y ya aparece citada en un proceso judicial similar en el consistorio de Las Palmas de Gran Canaria. Finalmente, con los votos en contra del Grupo Socialista, el pleno no aprobó la urgencia de dicha moción. Y el regidor insistió en la necesidad de mantener una reunión previa con los sindicatos y afirmó que la sentencia se aplicará en su momento.
Ante dicha circunstancia, la portavoz del PP, Carina Dainotto, recordó que no se hiciera responsable a los concejales de la oposición del incumplimiento de la resolución judicial.