El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Candelaria comenzará hoy la firma de decretos para que los casi 130 trabajadores afectados por el Plan Operativo de Recursos Humanos sean personal laboral temporal, tanto los que ya lo eran antes de la entrada en vigor de la citada regularización como los que figuraban como personal laboral indefinido. Y las concejalas de Sí se Puede y del PP advirtieron de que algunos de esos empleados públicos estudian presentar demandas al verse afectados por este proceso ilegal.
El alcalde, Gumersindo García, comentó durante el Pleno que hoy empezará a firmar los documentos para "reconvertir" a dicho personal, como vía de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que consideró nulo de pleno derecho dicho Plan; mientras que el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso del consistorio.
Una vez más, en este punto se produjo un evidente enfrentamiento entre el alcalde y el secretario general de la corporación, Octavio Fernández. Durante varias ocasiones, el regidor le quitó la palabra al funcionario, lo que ocasionó las risas de varios de los asistentes al Pleno. La intención del Grupo Socialista era votar este asunto, pero el secretario recordó que las sentencias "no se votan ni se interpretan", sino que "se acatan".
Además, el secretario señaló que dichas resoluciones tienen que acatarse desde la primera hasta la última línea, no únicamente el fallo de las mismas.
El edil de Hacienda, Javier Rivero, le preguntó al secretario por qué se había votado en la comisión informativa y en el pleno no. A Rivero le respondió la portavoz del PP, Carina Dainotto, quien señaló que lo que se había votado en la comisión era la urgencia de la convocatoria. Tanto la edil popular como la concejal de Sí se Puede, Mayca Coello, coincidieron en que la palabra "demanda" empieza a oirse en los pasillos del consistorio en boca de algunos trabajadores, que consideran que el plan de regularización los ha perjudicado considerablemente.
Todos los miembros de la oposición coincidieron en la necesidad de que el equipo de gobierno explique cómo va a ejecutar la citada sentencia, pero durante la sesión plenaria no quedó nada clara la vía de aplicación.
El edil de Personal, Francisco Pinto, negó la acusación del PP de que con el Plan se haya "metido trabajadores a dedo", ni que se haya pasado a funcionarios interinos a personal de confianza. Pinto hizo referencia a que el edil no adscrito José Fernando Gómez acudió, sin nadie llamarlo, a una reunión de trabajadores, donde insistió en que para acceder o ascender en la plantilla del consistorio deben cumplirse los requisitos de igualdad, mérito y capacidad. Y añadió, irónicamente, "sí, los mismos que se utilizaron con él, que entró al ayuntamiento como conductor y luego se le encargaron trabajos administrativos, porque era afín al partido que gobernaba entonces". José Fernando Gómez no estaba entonces en la sesión plenaria y la portavoz del PP pidió que constaran en acta las palabras de Pinto.
El alcalde aclaró que el grupo de gobierno "quería hacer las cosas bien", pero que el Gobierno del Estado congeló las contrataciones de nuevo personal en las administraciones públicas. Y señaló que existen trabajadores que llevaban más de 20 y 25 años en la corporación sin regularizar. Pinto señaló que fue la Inspección de Trabajo la que obligó a regularizar la situación de parte de la plantilla del consistorio
Los pagos de las empresas del polígono
El Pleno aprobó inicialmente los estatutos del ente de conservación del Polígono Valle de Güímar. El edil de Urbanismo, Domingo Ramos, recordó que la recepción de dicha área por los ayuntamientos se produce en el peor momento para las administraciones y los empresarios, pero "no podemos abandonar la urbanización". Además, señaló que ha habido reuniones con empresarios para exponerles el documento. Mayca Coello explicó que le preocupa que los consistorios no hayan consensuado los estatutos con la patronal. E insistió en que en dicho texto no hay medidas de regulación ambiental y control de la contaminación. Carina Dainotto mostró su rechazo a una iniciativa que sobrecarga a los empresarios con el pago de servicios para el mantenimiento de la urbanización, además de que ya abonan sus impuestos. Dainotto señaló que el miércoles la patronal del polígono presentó denuncias contra dichos estatutos en los tres ayuntamientos del Valle de Güímar, pues es un abuso que cada año tenga que pagar unos 800.000 euros en conservar la zona industrial. Ramos explicó que los empresarios sólo van a tener que pagar la conservación de las vías y las zonas verdes, ya que los ayuntamientos asumirán la recogida de la basura, la limpieza viaria y la iluminación, por lo que rechaza que los gastos para los dueños de sociedades radicadas en el polígono vayan a alcanzar los 800.000 euros.