Un ciudadano de Candelaria presentó recientemente una denuncia contra el Ayuntamiento por la utilización irregular del aparcamiento situado frente al consistorio. El vecino considera ilegal que la corporación obtenga ingresos económicos por cobrar a los feriantes que se establecen en dicho enclave durante estos días.

Y el motivo de esa postura es que la Demarcación de Costas de la provincia emitió en su día un informe en el que permite a la administración municipal hacer uso de dicho recinto siempre y cuando sean actividades sin ánimo de lucro. Y, evidentemente, los feriantes desarrollan su actividad para ganar dinero.

El denunciante es Antonio Alonso Orihuela, exvecino de Cho Vito y una de las personas que en su momento llevó ante la Justicia que el ayuntamiento otorgara una concesión administrativa a una empresa en ese mismo aparcamiento, cuando la mayor parte del suelo está en zona de dominio público marítimo-terrestre, es decir, que pertenece al Gobierno estatal.

La denuncia por la ubicación de las atracciones fue interpuesta por Alonso en la Jefatura de la Policía Local el pasado sábado.

Alonso Orihuela se basa en el decreto de Alcaldía 640/2014 expuesto en el tablón de anuncios, donde se resuelve el pliego de condiciones que ha de regir en la adjudicación de puestos que ocuparán el dominio público local y marítimo-terrestre en las fiestas de Carnaval.

El citado decreto incluye una resolución de la jefa del Servicio Provincial de Costas en relación a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre (el aparcamiento frente al consistorio), en el que establece que solo se autoriza la ocupación para actividades sin ánimo de lucro.

Además, el secretario general de la corporación, Octavio Fernández, advierte de esa importante limitación establecida por Costas, según el denunciante.

Y el decreto cuenta con informe favorable del interventor para la aplicación de tasas municipales en terrenos de propiedad estatal.

Antonio Alonso pide paralizar las actividades citadas y aclara que, de no frenarse el proceso, los seguros de responsabilidad civil obtenidos no se harían responsables de lo que allí ocurriera.

Dicho ciudadano pide al jefe de la Policía Local que solicite a los feriantes si tienen autorización de Costas y, en caso contrario, que paralice la actividad para garantizar la seguridad.

Otra de las demandas de Alonso Orihuela es que se investigue quiénes son los autores de la violación de la autorización otorgada por Costas y demanda que se dé traslado al Juzgado de Güímar que corresponda.

El grupo de gobierno no ofreció ayer ninguna declaración.