La familia de Montse y Domingo vive una situación límite. La Justicia los obliga a abandonar la antigua vivienda que ocupan junto a la playa de Los Tarajales, en Los Cristianos, y ellos aceptan que deben dejar ese lugar de la costa de Arona, pero solicitan al ayuntamiento que les otorgue una vivienda social para poder vivir de forma digna con sus hijos, de 19 y 14 años, así como el último, de apenas 10 semanas de vida.

Ambos están desempleados y solo perciben la prestación social por estar parados, lo que supone unos 426 euros cada uno.

La historia familiar de Domingo Díaz es similar a la de muchos trabajadores de fincas agrícolas del Sur de Tenerife, que ocupan viviendas en las propiedades agrarias durante décadas. Fue su abuelo, José Díaz Dorta, el que comenzó a vivir en una pequeña casa de cantos situada en El Rincón, frente al puerto de Los Cristianos y cerca del paseo litoral y el Gran Hotel Arona. En esa vivienda residieron también sus padres y él nació allí.

Hace aproximadamente tres años, Domingo y Montse establecieron su residencia en dicho domicilio para cuidar al padre del primero. Poco después se produjo su fallecimiento. Y apenas tres días más tarde, los propietarios de los terrenos situados en las inmediaciones del paseo litoral y El Rincón les plantearon a Domingo y a Montse que debían abandonar el que hasta ahora es su hogar.

Casi desde ese momento, la falta de acuerdo derivó en un proceso judicial.

Inicialmente, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arona otorgó la razón a los denunciantes (los propietarios de la zona de El Rincón). Dicha sentencia fue recurrida por Domingo ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, cuya Sección Tercera ratificó la primera resolución judicial.

Domingo y Montse han vuelto a recurrir ante el Tribunal Supremo, pero con pocas esperanzas de obtener algún resultado por la vía judicial. En los últimos días se han reunido con el alcalde, Francisco Niño; el primer teniente de alcalde, Antonio Sosa, y la concejal de Hacienda, Candelaria Padrón. Pero aseguran que ninguno les ha dado una respuesta clara a su demanda. Según Montse, Antonio Sosa los remitió al área de Vivienda del Gobierno canario, donde les explicaron que en este asunto las competencias son del ayuntamiento.

Lamentan que desde el departamento de Servicios Sociales del consistorio solo les propongan acceder a un piso de alquiler económico, pero Domingo y Montse señalan que no pueden hacer frente a dicho gasto.