Los taxistas que tienen licencias en los municipios turísticos del Sur de Tenerife se han llevado recientemente un “jarro de agua fría”. El Tribunal europeo de la Competencia ha considerado que el acuerdo firmado en el año 2000 por las diferentes cooperativas de taxis de la comarca, así como del Puerto de la Cruz o de San Sebastián de La Gomera, por ejemplo, con la Asociación Provincial de Agencias de Viajes (APAV) vulneró la legislación en materia de libertad del mercado y supuso una especie de “monopolio”.

En total, el mencionado tribunal ha impuesto una sanción total a las asociaciones de propietarios de taxis que ronda los 180.000 euros para toda la provincia.

Pero la inmensa mayoría de esta multa deberán asumirla los dueños de licencias de los municipios turísticos del Sur de Tenerife.

Según una de las fuentes consultadas, en el municipio donde más se debe pagar es Arona, donde la sanción asciende aproximadamente a 62.000 euros.

En segundo lugar se sitúa Adeje, donde el montante de la multa ronda los 49.000 euros.

Los taxistas de Granadilla deben afrontar una multa de 40.000 euros aproximadamente, mientras que en Guía de Isora y Santiago del Teide se sitúa en 6.000 euros para cada uno de esos municipios.

Según una de las fuentes consultadas, las cooperativas de taxis deberán abonar la sanción impuesta, en primer lugar, y después, si lo consideran oportuno, podrán recurrir ante la Audiencia Nacional. Así, por ejemplo, los profesionales del taxi de Arona (unos 224 operativos en este momento) deberán pagar cada uno 276 euros para hacer frente a la multa. Y en el caso del otro municipio importante desde el punto de vista turístico, Adeje, la derrama ronda los 273 euros por cada propietario.

Sin embargo, la sanción impuesta a la Asociación Provincial de Agencias de Viajes es significativamente mayor, pues supera los 900.000 euros.

La firma de ese acuerdo sancionado ahora por el citado tribunal se produjo hace alrededor de 14 años. En aquel momento, la utilización de internet para la prestación de servicios no había alcanzado los niveles existentes actualmente, según señala uno de los afectados.

Y dicho convenio facilitó a los taxistas que diferentes agencias los llamaran para hacer servicios concretos a turistas, como, por ejemplo, traslados al aeropuerto.

Muchos taxistas afectados consideran que ese acuerdo no suponía un “monopolio”, sino quedarse con parte de las “migajas” que los turoperadores dejan de transportar en las guaguas discrecionales. Y, paralelamente, suponía contrarrestar “algo” al “eterno enemigo” del “intrusismo”, el fenómeno de los furgones o coches que llevan a muchos turistas a los hoteles o a los aeropuertos por una cantidad algo inferior a la que cobran los taxistas. La polémica en este asunto está servida.