Un trabajador del Ayuntamiento de Candelaria ha cobrado, a la vez, de dicha administración y de su empresa pública (Epelcan) como personal de confianza y como autónomo sin disponer de la autorización de compatibilidad, lo cual es una manifiesta ilegalidad, como dejó claro ayer el secretario general de la corporación, Octavio Fernández.

Dicho funcionario aseguró en la sesión plenaria de ayer que hará las gestiones oportunas para que dicha persona devuelva alguna de tales remuneraciones. El secretario señaló que tenía un documento donde se apreciaba el pago de 6.000 euros como autónomo a dicho cargo de confianza. Pero es que, para agravar aún más la situación, el interventor aseguró ante el Pleno que, con anterioridad, también se le había hecho otro pago por parte de Epelcan y que ni el secretario había detectado tal irregularidad. Los gestos y palabras de sorpresa del secretario y, sobre todo, de los concejales de la oposición no se hicieron esperar e, inmediatamente, el edil no adscrito, José Fernando Gómez, preguntó "pero, ¿es que hay más?" y al concejal de Hacienda, Javier Rivero, cuestionó que si lo sabía. Pero su respuesta no se oyó entre el público. El secretario señaló que desconocía tal circunstancia y explicó que esas irregularidades ocurren porque en la empresa pública Epelcan no existe fiscalización del ayuntamiento ni se elaboran expedientes.

El interventor, Nicolás Rojas, explicó que en uno de dichos pagos a ese trabajador de confianza lo llamaron a su casa a las 18:30 horas y le dijeron que tenía que dar el visto bueno al pago, porque era el último día para no perder una subvención.

El asunto empezó por una moción de José Fernando Gómez para reclamar una comisión de investigación sobre los reparos.

El secretario recordó que el interventor debe efectuar un informe mensual con reparos, si fuesen necesarios, sobre propuestas de las autoridades locales. Y recordó la importancia que estas advertencias de ilegalidad tienen para intentar que los políticos no cometan ilegalidades.

Entre ambos funcionarios hubo diferencias de criterio sobre cómo informar la adjudicación de puestos de feria por parte del ayuntamiento en un terreno propiedad de Costas. El secretario aseguró que dicha actividad no es legal y el interventor opina que "no es una actividad de lucro, porque sus ingresos solo cubren una parte de los gastos de las fiestas".

La edil de Sí se Puede, Mayca Coello, preguntó al interventor por qué en los asuntos del Ayuntamiento de Candelaria, que tiene numerosos asuntos en los juzgados, había tan pocos reparos de dicho funcionario.

Nazaret Díaz, portavoz de CC, respondió a Coello que "porque no tiene acceso a los expedientes" antes de que se realicen las actuaciones.

Coello y Díaz, ambas funcionarias del Cabildo, explicaron que en la corporación insular muchos expedientes incluyen reparos que deben solventarse antes de afrontar las intervenciones. El alcalde, José Gumersindo García, trató de equiparar el funcionamiento de la corporación insular y el consistorio, pero Díaz y Coello negaron que pueda efectuarse una comparación entre ambos casos.