La defensora del ciudadano en el Ayuntamiento de Candelaria, Elena Peraza, presentó la memoria anual de su labor, en la que destaca un aumento del número de quejas presentadas por colectivos y particulares ante el consistorio, el Diputado del Común y el Defensor del Pueblo. Peraza planteó como conclusiones que las demandas ciudadanas son disminuir los tiempos de respuesta a los administrados; incrementar las funciones inspectoras de disciplina urbanística y reaccionar con celeridad ante las irregularidades; dotar al municipio de una normativa en materia de telefonía móvil y radiodifusión; acelerar la tramitación de los procedimientos de inspección de las antenas de telefonía móvil; una información clara, directa y transparente, así como una gestión eficaz y coherente de los recursos municipales; o bien desarrollar buenas prácticas administrativas.

Una media de 24 ciudadanos o grupos a la semana acudieron a la oficina de la Defensora del vecino para efectuar consultas, pedir su mediación o bien para presentar quejas. Contra el Ayuntamiento se interpusieron el año pasado un total de 82, de las que 68 fueron directamente en el consistorio, 13 en el Diputado del Común y una Defensora del Pueblo. De las 68 quejas, 53 fueron admitidas a trámite y las 15 restantes, no, porque en 12 casos carecían de fundamento y en otras tres ocasiones el Ayuntamiento carecía de competencias para actuar. Sobre las admitidas a trámite, 22 se resolvieron con resultado satisfactorio; en 13 casos la queja fue desestimada y cinco veces el archivo no fue satisfactorio. Aún están en trámite 13 quejas.

Las antenas de telefonía móvil enfrentaron a la oposición y el equipo de gobierno. El debate lo inició la portavoz de CC, Nazaret Díaz, al mencionar el caso de un vecino que sufre una grave enfermedad y recordar que hay numerosas antenas sin licencia. Díaz reclamó reubicar las estructuras lejos de núcleos urbanos, colegios o centros de salud. Pero al alcalde, Gumersindo García, no le consta que haya antenas sin licencia y aclaró que "lo que más nos preocupa es que puedan afectar a la salud de las personas y lo que se tiene que hacer es cambiar los límites máximos de las emisiones".

La edil de Nuevas Tecnologías, María Brito, explicó que trabaja en el borrador de la ordenanza, aunque, a veces, las acciones de las operadoras anulan estas normativas. Aclaró que, en las inspecciones hechas por el consistorio, no se han sobrepasado las emisiones y que la jefatura de Industria no quiso hacer una inspección solicitada por la corporación y remitió a las mediciones que están en internet. La portavoz de Sí se Puede, Mayca Coello, denunció que la Plataforma contra las antenas pidió en octubre pasado una reunión con el alcalde y Brito, pero que ni se les ha dado fecha para el encuentro. Peraza aclaró que antes del 2000 se otorgaron permisos de obra para bases de las antenas. El edil de Urbanismo, Domingo Ramos, encargó un estudio que detectó que una estructuras carecía de licencia y la mayoría habían ampliado sus sistemas para adaptarse a las necesidades actuales sin autorización.