El concejal del CAN en el Ayuntamiento de Arona José Antonio Fuentes denuncia que una empresa explota 50 soportes publicitarios en suelo público, a pesar de que en 2008 finalizó el contrato con el ayuntamiento que le permitía desarrollar dicha labor.

Además, Fuentes critica que, tras acabar el plazo legal del acuerdo, entre 2008 y 2011, el consistorio aronero pagó el suministro eléctrico de iluminación de los anuncios.

El edil de la oposición comenta que en 1998 se firmó el contrato, donde no se incluía el pago de la luz para los citados soportes.

Y la corporación se reservó publicidad municipal en cinco de ellos durante la década que se prolongó el contrato.

Para denunciar esta situación, el portavoz del CAN presentó recientemente una moción en la administración aronera con el objetivo de que las autoridades adopten las medidas que estimen oportunas en este asunto.

Según asegura Fuentes, en la cláusula de derechos y deberes del pliego de condiciones de dicho contrato, en uno de sus apartados dice que: "al término del período de explotación y en el plazo de 30 días, dejar libre de publicidad y a disposición del Ayuntamiento la parcela de dominio público afectada".

Además, según plantea Fuentes en su moción, "transcurrido el citado plazo sin que haya sido retirada, el adjudicatario reconoce la potestad municipal para otorgar y ejecutar el lanzamiento".

El edil del CAN demanda a los responsables de la corporación local que actúen en base a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Fuentes municipales manifestaron que, en su día, la explotación de los soportes, conocidos como "muppies", se hizo a cambio de que la empresa privada instalara y efectuara el mantenimiento (limpieza o reposición, entre otras cosas) de un número determinado de marquesinas de guaguas en diferentes lugares de Arona.

Las mismas fuentes señalan que, tras vencerse el contrato, la empresa continuó el mantenimiento de las marquesinas y desde el consistorio aronero se le pasó una liquidación económica por ocupación del suelo público durante el tiempo que había explotado los soportes tras vencerse el citado contrato.

Sin embargo, la mencionada sociedad optó por interponer un recurso ante los tribunales, porque no estaba de acuerdo con la medida adoptada por parte de la administración municipal.