La asociación de empresarios del Polígono del Valle de Güímar está convencida de que la legislación la ampara a la hora de negarse a pagar el grueso del mantenimiento de dicha área, que ocupa parte de Güímar, Arafo y Candelaria, porque los ayuntamientos ya recibieron esa parte de su territorio. La "guerra" está abierta. Por un lado, los consistorios de Candelaria y Arafo quieren crear ya la entidad de conservación, donde, según los empresarios, se les carga con un mínimo de 800.000 euros anuales para conservar el polígono. Y, por el otro, el propio colectivo y la corporación de Güímar, cuya alcaldesa está en contra de imponer más gastos a los dueños de empresas.

La presidenta de la asociación de empresarios, Raquel Malo Serisa, explica que en el polígono "hay muchas empresas de alquiler que, si se les cobra también por la conservación, se van a ir". Y recuerda que "lo que está en juego son los puestos de trabajo de centenares o miles de personas".

Malo Serisa comenta que, con la actual propuesta de Candelaria y Arafo, se triplicaría o cuadruplicaría el volumen de "impuestos" a los empresarios.

Y recuerda que su asociación está de acuerdo con aportar a la conservación del polígono, como máximo, el 25 por ciento de lo que plantean ambos consistorios.

Una de las claves para alcanzar un acuerdo entre las partes está en la explotación del Pozo Chiguengue, cedido a los ayuntamientos por la antigua junta de compensación de la zona industrial.

La patronal representada por Raquel Malo considera que las tres administraciones públicas citadas deben aprovechar los ingresos por la venta de "agua a precio industrial" del pozo para pagar buena parte del mantenimiento del Polígono y así no tener que recurrir ni al dinero de las arcas municipales ni al de los empresarios para hacer frente a las actuaciones.

Para la presidenta, esa utilización del recurso sería la ideal. Pero se generaría un gran perjuicio si, además de cargar a los empresarios con los 800.000 euros del mantenimiento, después se les sube el precio del agua que reciben de dicho pozo de Chiguengue, según Malo Serisa.

La asociación advierte de que los tres municipios se han beneficiado durante casi 40 años de los diferentes ingresos que generan las empresas instaladas en dicho enclave industrial -licencias de obra, permisos de apertura, impuestos de bienes inmuebles (IBI) o el impuesto de actividades económicas (IAE), entre otras cosas-. Sin embargo, Raquel Malo comenta que la inversión municipal en el polígono ha sido nula. Y que, incluso, los empresarios pagan a una empresa privada de seguridad para evitar que los robos de todo tipo se disparen. Actualmente, en el polígono más importante de Tenerife existen problemas con las bombas de propulsión de aguas fecales y la red de saneamiento; deterioro de las zonas verdes, o bien caída de farolas que no se reponen por su alto coste, entre otras cosas. Y las lluvias torrenciales del pasado invierno en la zona Sureste de Tenerife provocaron serios daños, incluida la inundación de naves. La causa de las inundaciones es que las alcantarillas están taponadas y las aguas pluviales corren por la superficie. Es tan solo un ejemplo de la repercusión que puede tener el abandono o la falta de intervención en el enclave.

"Ahora ya pagamos los más caros de España"

P.F., Tenerife

Raquel Malo apunta que "ya pagamos los impuestos más caros de España" para una zona industrial y estima que las administraciones están para "gestionar bien los recursos y no para recaudar de forma indiscriminada". La presidenta de la asociación señala que la interposición de la denuncia en los tribunales y las manifestaciones comenzarán en el mismo momento en que se produzca la aprobación definitiva de la creación de la entidad de conservación, que se materializará cuando los tres ayuntamientos (falta Güímar) aprueben los estatutos de dicho organismo. En opinión de Malo Serisa, la actividad real en el Polígono se desarrolla en un 30 o un 40 por ciento de su superficie. El resto son parcelas vacías o naves cerradas. La zona industrial del Valle de Güímar ocupa unos 2 millones de metros cuadrados y, de ellos, 1.200.000 es superficie edificable. De dicha cifra se habrá construido un 60 por ciento. El resto es el conjunto de zonas verdes (unos 300.000 metros cuadrados) y la red viaria (unos 400.000). Unos 100.000 metros cuadrados están como suelo destinado a servicios dotacionales para el propio polígono y una zona deportiva de carácter público y municipal. En 1973 se empezó a gestar el proyecto del Polígono y en el mismo ya había empresas asentadas en 1976.