Por unanimidad, el Pleno de Candelaria aprobó ayer iniciar el expediente de revisión de oficio de las contrataciones realizadas por el ayuntamiento y los entes municipales con José Enrique Ramos Palmero, que fue personal eventual hasta marzo y que, mientras ejerció esa función, percibió 30.606,86 euros (al menos) de la empresa pública Epelcan por trabajos realizados y ajenos a la condición de trabajador de confianza.
A esa unanimidad se llegó después de que el Grupo Socialista intentara que el tema no fuera abordado por el Pleno, algo que impidió el secretario de la corporación (al que el alcalde quiso impedir que concluyera su intervención llegando a apagarle el micrófono). Curiosamente, la enmienda que el PSOE planteó a la moción del PP coincidía con lo que la Secretaría explicó que debía hacerse.
Durante la sesión fue el portavoz adjunto del gobierno local, Alfredo Arencibia, quien hizo público que el secretario, Octavio Fernández, ya había declarado en la Fiscalía Anticorrupción por este asunto (aún no acudió el interventor). El funcionario defendió ante el Pleno que el citado trabajador "incurrió en prohibición de contratar y cobró dos retribuciones" de la misma administración. A ello añadió que José Enrique Ramos no puede ser contratado para trabajar con dicha institución hasta transcurridos dos años desde que dejó de ser personal eventual. En este caso fue el 28 de marzo pasado.
Carina Dainotto, portavoz del Grupo Popular, advirtió al Pleno de que "seguramente habrá otros pagos a Ramos que nosotros desconocemos, por ahora" y señaló al alcalde, José Gumersindo García, como "presunto responsable" de supuestos delitos de malversación y prevaricación al firmar contrataciones y pagos a José Enrique Ramos en su condición de regidor y de presidente de Epelcan.
José Fernando Gómez definió la gestión en este asunto como "pagos inmorales", mientras que Mayca Coello (Sí se Puede) calificó la situación del ayuntamiento como "un lodazal" poniendo nombres a los responsables de "estos chanchullos": José Enrique Ramos, el trabajador que cobró; Cirilo Acevedo, gerente de la empresa pública Epelcan; Nicolás Rojo, interventor municipal; concejales del PSOE, "por ser conniventes", y José Gumersindo García, el alcalde.
Nazareth Díaz (CC) habló de "un asunto gravísimo" con dinero procedente de Europa y, casi finalmente, el PSOE llegó a proponer elaborar un expediente informativo que determinara si era posible declarar la compatibilidad del trabajador afectado. El secretario dijo no.