Ha pasado más de medio siglo desde que comenzó la extracción de áridos en los barrancos de Güímar. Una actividad de la que poco (dinero para las fiestas y algo puntual que pareció un impuesto revolucionario) se lucró el municipio, pero que dejó un espacio destruido e inutilizado, carreteras destrozadas, enfermedades y desempleo. ¡Ah! Y cinco empresarios imputados por presunto delito ecológico. En los últimos meses surgieron propuestas empresariales que se toparon con un entramado legal que imposibilita el desarrollo de esos proyectos.
Y llega el Cabildo. El próximo viernes, su pleno aprobará una proposición de ley para ordenar y restaurar los barrancos de Güímar. Cuenta el presidente de la corporación, Carlos Alonso, que el propósito es declarar la caducidad de los derechos de explotación de las extracciones (que los había y los hay), impedir nuevas autorizaciones, elaborar un plan de protección paisajística que devuelva la zona al momento anterior del inicio de la actividad, garantizar la seguridad y el encauzamiento del barranco y, sobre todo, la recategorización del suelo pasando de protección minera a rústico de protección ambiental. O sea, que permite la actividad agropecuaria.
Pero "no todo queda resuelto". Lo dijo Alonso y lo explicó. Si bien habrá que extraer árido del lugar para equilibrar las cotas, no tendrá uso comercial, sino que se empleará para acometer esa fase del proyecto. El Cabildo, además, asume la elaboración del Plan de Restauración.
Mientras tanto, corresponderá al Gobierno de Canarias autorizar "actividades compatibles con el valor paisajístico ambiental y agropecuario". Eso sí, "siempre que se considere de interés general y contribuya a los costes de restauración". Concretando, se podrán realizar proyectos como Mimiland (parque temático de atracciones con hotel), una planta de geotermia y la planta de transformación de neumáticos en diésel. Todo ello podría entrar en las actividades de "ocio, turísticas y de otro tipo" que serían susceptibles de autorizar "de forma extraordinaria".
Carlos Alonso, la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, y hasta la Asociación en Defensa de los Barrancos resaltaron la práctica unanimidad existente en este asunto y el papel que juega el Cabildo.
"Es un paso muy, muy importante" y se quiere que el Parlamento de Canarias tramite la iniciativa legislativa con urgencia. Para eso, además, el presidente insular reclama al Ejecutivo regional información acerca del estado de los derechos mineros en la actualidad: cuatro ya han caducado, otro (el que corresponde con la industria El Fregenal) está en vigor y hay un sexto que se encuentra en proceso de evaluación jurídica.
La alcaldesa secunda lo dicho por Carlos Alonso y enfatiza que "la recuperación de los barrancos solo se podrá hacer por la iniciativa privada".