Sí se Puede aseguró ayer que el trabajo que desarrolló Pedro Fernández Arcila para el Ayuntamiento de Granadilla de Abona en su condición de abogado "especialista en derecho urbanístico" supuso "la formulación de una denuncia por un presunto delito de prevaricación, por parte de la entonces alcaldesa, contra el equipo de gobierno anterior". Además, Arcila "también logró paralizar el plan parcial Las Tabaibas, el mayor suelo urbanizable de la Isla, cuya superficie es dos veces San Isidro".
Todo ello en consonancia con el asesoramiento contratado por el gobierno que formaban CC, PP y Sí se Puede, que encomendaron a Arcila el asesoramiento, entre otros asuntos, relativo a "dos de las líneas de trabajo esenciales del pacto de gobierno conformado tras las elecciones de 2007: la oposición a la construcción del puerto de Granadilla y el examen de las presuntas irregularidades del anterior alcalde".
Tal y como reflejó EL DÍA, SSP defiende que "el proceso por el cual se encomendó este trabajo a Arcila y el cobro de sus honorarios fueron totalmente transparentes y respetando estrictamente la legalidad".
Pedro Fernández Arcila, cuyo partido presenta como un abogado "destacado desde hace años por su intensa labor jurídica para detener la obra del puerto de Granadilla", desarrolló este trabajo "en virtud de los extraordinarios conocimientos de Arcila en materia de derecho urbanístico y mucho antes de que fuera elegido concejal por Sí se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en mayo de 2011".
Para el comité local en Santa Cruz de Tenerife, la actuación de Arcila en este caso se ajusta a "un procedimiento tan común en la Administración pública como es la contratación menor de servicios de asesoramiento externo".
El gobierno municipal de Granadilla de Abona del mandato 2007-2011 contrató con este abogado un trabajo que duró menos de cuatro meses y por el que le pagaron 10.200 euros (12.000 con retención).