"Se nos pedía a los extractores que aportáramos 100 millones de pesetas para hacer una vía de servicio para evitar pasar por el casco urbano y que podíamos seguir extrayendo árido hasta que ellos legalizaran todas las situaciones". Es parte de la declaración que realizó el empresario Antonio Plasencia ante el juez del Juzgado de Instrucción Número 2 de Güímar, el 22 de octubre de 2008, cuando compareció como imputado por un supuesto delito contra el medio ambiente y contra los recursos naturales.

En esa misma declaración en sede judicial, el propietario de Áridos del Atlántico, S.A., aseguró que las industrias extractoras de árido sitas en los barrancos de Güímar mantenían "convenios que aportaban dinero al ayuntamiento" con la realización de "asfaltado de caminos y dotación de maquinaria". Asimismo, según recoge el acta de su comparecencia, en otros convenios participaban el Cabildo, la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, "los extractores de áridos" y la propia Corporación municipal.

Este procedimiento comenzó en el año 2005, a raíz de una denuncia presentada por el entonces concejal del PNC Francisco Hernández Armas, quien, posteriormente, fue uno de los fundadores de la formación política local Alternativa por Güímar (AxG), hoy en el gobierno municipal con el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC), aunque el denunciante ya no forma parte del consistorio.

En el periodo en el que se produjeron los supuestos hechos declarados por el empresario gobernaba el municipio el pacto que formaban PSOE y CC, con el socialista Rigoberto González como alcalde (periodo 1999-2003). De hecho, entonces se hizo público que los empresarios extractores participarían en la financiación de la carretera que se construiría para que los camiones empleados en el transporte de los áridos no transitaran por las carreteras municipales, sino por el interior del barranco y directamente a la zona de Puzol, próxima a la autopista.

Cabe recordar que las empresas Áridos del Sur, Hermanos Morales Martín, Áridos Atlántico, Áridos Puertito de Güímar y Extracción de Áridos Canarios son las que tenían actividad en los barrancos y que están acusadas por la Fiscalía de un presunto delito medioambiental. Antonio Plasencia, José Enrique Morales, Francisco Javier del Rosario, Fulgencio Díaz y Pedro Sicilia son los empresarios a los que el Ministerio Fiscal acusa y para los que pide cinco años de prisión.

Asimismo, la fiscal Inmaculada Violán propone, en las conclusiones que remitió al juez, que las empresas asuman la realización y el coste de la recuperación de los barrancos y que indemnicen al Consejo Insular de Aguas.