El gobierno pagó casi 6 millones con reparos por los servicios municipales

De las 134 facturas de las que el gobierno municipal de Arona (CC) levantó el reparo durante el último cuatrimestre (suman 7.407.519,26 euros), únicamente ocho se corresponden con 5.916.213,11 euros. Se da la circunstancia de que todas ellas se refieren a prestaciones realizadas por empresas que son concesionarias de servicios municipales.

En el caso del servicio de Gestión de Residuos Sólidos aparece en el listado con facturas por importe superior al millón de euros cuyo pago contaba con informe contrario por "incumplimiento de pliegos y aplicación de revisión de precios no aprobada". Lo mismo sucede con otra factura por más de 542.000 euros.

Limpieza viaria también forma parte de esta lista con diversas facturas, entre ellas una por más de un millón de euros y otra de casi 517.000 euros y una tercera de 523.000 euros. La causa de que los técnicos rechazaran sus pagos es la misma: Aplicación de revisión de precios sin aprobar.

A 1.072.218,27 euros asciende, asimismo, otra factura que cuenta con idéntico reparo.

Todo ello, además, afecta a una única sociedad, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Arona.

Pero no es solo este servicio público el afectado por estos levantamientos de reparo, hecho que fue puesto sobre la mesa del Pleno por el portavoz del Grupo Socialista, José Julián Mena.

El de Gestión de Zonas Verdes está incluido con en torno al millón de euros mediante dos facturas de 631.217,17 y 364.090.20. La causa de los reparos es la misma que en el caso anterior.

No así en otras que afectan al Cabildo, a la Autoridad Portuaria, a la Tesorería de la Seguridad Social, a la empresa Balten y hasta al Servicio de Vigilancia, Salvamento y Asistencia. En estos casos, los técnicos argumentaron que las facturas superaban el importe del contrato menor al que estaban sujetas las mismas.

Aunque no por su importe, sobresale el hecho de que el gobierno municipal de Arona incurra en "incumplimiento de procedimiento y de requisitos de la entidad" a la hora de abonar 60.000 euros a la Asociación para el Desarrollo de Actividades de Voluntariado en materia de Protección Civil.

La Intervención emite informe desfavorable porque ese convenio requiere de un Plan de Emergencias Municipal, ni la homologación por la Comisión Autonómica de Protección Civil y Atención de Emergencias "ni tampoco aparece acreditado que sea la única asociación con la que resulte viable la suscripción del convenio, omitiéndose los principios de publicidad y concurrencia".

El argumento para levantar este y otros reparos fue "encontrarnos con un servicio esencial de prestación obligatoria para los municipios de más de 20.000 habitantes".