La empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en Granadilla de Abona cortó el suministro a las 26 viviendas ocupadas indebidamente en la confluencia de las calles Las Acacias e Isla del Hierro, en San Isidro. El gobierno municipal defendió la medida, a través del concejal de Servicios Generales, Juan Rodríguez Bello, porque los afectados "están enganchados de forma irregular".

Se trata de unas 130 personas (una veintena de ellas, menores) en 26 familias que no tienen (salvo alguna excepción) empleo ni ayudas económicas, cuyos recursos les imposibilitan el acceso al mercado del alquiler. Hace medio año que decidieron vivir en un edificio "que era utilizado por los jóvenes como punto de tráfico y consumo de droga", entre otras cosas.

Sin puertas ni ventanas, sin red de tuberías ni instalación eléctrica, con deficiencias de azulejos y sanitarios, hoy las casas cuentan con todo ello merced al esfuerzo de estros vecinos. Sin embargo, "somos invisibles y no tenemos derechos porque no podemos presentar recibo alguno de cualquier servicio básico". Y no lo pueden hacer porque viven en un domicilio no registrable porque "los edificios pertenecen a un banco".

La empresa de agua soldó el viernes tanto las arquetas del servicio como las bocas de incendio para impedir el acceso al suministro de agua. "No hemos acudido a ninguna autoridad porque enfrente tenemos el ejemplo de otros vecinos que fueron para que les devolvieran la luz y lo que hicieron fue cortarles el agua". Ayer, Izquierda Unida les prometió apoyo y ayuda.

Luz sí, pero porque se las han "apañado"

No se trata de vecinos que hayan realizado un enganche a la red de abastecimiento. El caso de los habitantes de estas 26 viviendas de San Isidro disponían del suministro desde que entraron en las casas hace unos seis meses porque las mismas contaban con ella. Sí cuentan con energía eléctrica, pero "porque nos las hemos ido apañando y contamos con algunos paneles solares".

Las alternativas: el banco o el juzgado

La solución que transmite el gobierno municipal de Granadilla de Abona para esta situación es sencilla: que acudan al banco propietario del edificio o que vayan al juzgado. Las autoridades saben que ni una cosa ni la otra es posible para estos habitantes del municipio.