El Ayuntamiento de Candelaria abonó, cuatro años después de terminadas, 240.000 euros por las obras de ampliación, reforma y nueva creación de vestuarios del campo de fútbol de Barranco Hondo. Lo hizo a pesar de que la arquitecta técnica municipal manifestó (16 de marzo de 2009) su "no conformidad" a las facturas presentadas por la constructora Promotora Punta Larga (PPL), y al informe desfavorable de la Intervención (16 de julio de 2009).
Las causas argumentadas por la técnica fueron las mermas importantes registradas en la ejecución de las obras "sin que, en ningún momento, se hubiese atendido a las indicaciones dadas por el técnico designado para su supervisión", así como la entrega de las facturas "sin que exista una relación valorada adjunta que acredite la procedencia los importes demandados".
Otro motivo fue que la suma de las facturas "asciende a la cantidad de 324.704,95 euros, importe muy superior al revisado por la Oficina Técnica Municipal, que asciende a 243.867,70 euros".
A la arquitecta no le renovaron el contrato poco después.
Intervención se opuso al pago de estas facturas no solo por "incumplimientos del procedimiento de contratación, omisión de los requerimientos efectuados por la Oficina Técnica y no existencia de relación valorada que acredite los importes facturados", sino a que "las obras se han fraccionado para eludir los requisitos de publicidad, procedimiento y forma de adjudicación de la Ley de Contratos anterior" aplicable a esta actuación, puesto que su coste supera los 30.050,61 euros, entonces cuantía límite para los contratos menores.
Al final, las facturas que emitió PPL y pagadas por el consistorio sumaron 240.145,42 euros.
Curiosamente, 11 de las 12 facturas abonadas en 2009, a través de un reconocimiento extrajudicial de deuda, tienen la misma fecha: 14 de julio de 2005, año en el que concluyó la obra. Solo una, por 3.223,48 euros y correspondiente al concepto seguridad y salud, tiene por fecha el 1 de agosto del mismo año 2005.
La Fiscalía pide 8 años de inhabilitación
La Fiscalía pide la apertura de juicio oral y ocho años de inhabilitación para el alcalde, José Gumersindo García, y para el concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, por este expediente. Este último afirmó al Pleno que la técnica emitió informe favorable (no se encontraba en el expediente cuando fue estudiado por la oposición) cuando la cuantía de las facturas se redujo a 243.867,70 euros. Ramos reclamó la "presunción de inocencia" para él y para Sindo García, aclarando que "este concejal nunca ha hecho nada no avalado por informes técnicos favorables". Aprovechó para tratar de desacreditar a los ediles de la oposición Carina Dainotto y José Fernando Gómez argumentando cuestiones de la vida personal y profesional de este último.