Desde hace un año, aproximadamente, las 22 viviendas que forman la segunda fase de la Urbanización Mencey de Abona, situada en las calles Las Flores y Guajara del casco urbano de Granadilla de Abona, permanecen apuntaladas debido a defectos de construcción, algo que aparece recogida en la sentencia que obliga a las empresas promotora y constructora, así como al arquitecto, a la reparación de los daños, "sin que hasta el momento se haya podido ejecutar la sentencia, al parecer, debido a que dichas empresas ya no existen y sus socios se declararon insolventes".
Los vecinos denuncian públicamente la situación de indefensión en la que se encuentran toda vez que no han obtenido respuesta a sus peticiones de ninguna de las administraciones a las que las han dirigido ni de los partidos políticos PP, PSOE, UpyD e IUC. Solo el Diputado del Común respondió, si bien ocho meses después de planteada la queja y con una respuesta que no aportó claridad respecto a la búsqueda de una solución a este problema.
"¿Cómo es posible que tanto el Ayuntamiento de Granadilla de Abona como el Instituto Canario de Vivienda se eximan de responsabilidad, tratándose de viviendas de protección oficial, aunque lo sean de promoción privada? ¿Cómo pudieron conceder la cédula de habitabilidad existiendo tantas irregularidades?", se preguntan los vecinos.
Grietas en las paredes internas y externas, desniveles, humedades... Los desperfectos en las casas son muy perceptibles. El primero de los vecinos llegó al edificio a finales de 1991; a mediados de 1992 ya estaban todas las viviendas habitadas. "Hoy solo hay 16 casas ocupadas porque el que se marcha de aquí lo hace por miedo y, claro está, no regresa", asegura Fernando González, uno de los afectados.
Los vecinos entienden que de la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Granadilla de Abona se desprende la existencia de responsabilidad subsidiaria por parte del Ayuntamiento de Granadilla de Abona y/o del Instituto Canario de la Vivienda (ICV).
"Ninguna administración reconoce su parte de responsabilidad y presentar una demanda para que se declare su responsabilidad exigiría, una vez más, la aprobación, por parte de los propietarios, de las derramas suficientes para hacer frente a los honorarios de letrados y profesionales que representen a la comunidad". Un coste económico difícil de asumir por los afectados.
El "estado de ruina" de algunas de las viviendas es fácilmente perceptible y comprobable observando la fachada del edificio que limita con la calle Las Flores, a la altura del número 33 de la esquina con la calle Guajara.
Francisco González entiende que "una gran parte" de los vecinos que permanecen en el edificio "han tirado la toalla por no tener esperanza de que prospere su queja, dejándolo todo en manos de la providencia, a lo que me resisto, ya que la fachada del edificio donde se encuentra mi vivienda presenta grietas que hacen temer graves consecuencias, aunque vaticino que también tiraré la toalla".