El Pleno rechazó ayer desestimar las reclamaciones presentadas, como previa a acudir a la vía laboral, por trabajadores de la empresa UTE Elsamex-Tinerfeña de Obras Públicas, que dejó de prestar el servicio de Mantenimiento y Conservación de los Edificios Municipales y de las Vías Públicas del Ayuntamiento de Arona el pasado mes de agosto en cumplimiento de la legislación vigente. El gobierno municipal anunció que el pliego de condiciones que regirá el concurso a convocar próximamente será aprobado en breve. El mismo, no atenderá la demanda fundamental de los empleados, que es la subrogación.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Julián Mena, advirtió de que "en el expediente que se tramita se discrimina a los trabajadores" que se encuentran en situación de desempleo desde septiembre pasado. "Suponiendo que sea posible subrogar", el concejal del PSOE preguntó "por qué salvan a 30 y condenan a 12". Es decir, que ese pliego nuevo establecerá la subrogación de la mayoría dejando a una docena de empleados en la calle.

El informe técnico municipal deja claro que la obligación de subrogar no deriva del contrato mismo, sino de las normas laborales, normalmente los convenios colectivos vigentes en el sector.

Mientras el gobierno municipal sustentaba su proceder argumentando las diversas medidas judiciales habidas sobre este servicio desde que se realizara la adjudicación, como consecuencia de la actuación de una de las empresas concurrentes, el también candidato a la Alcaldía por el PSOE, José Julián Mena, enfatizó que el propio informe municipal establece que "tampoco se puede imponer la subrogación de personal". Consecuentemente, acusó a CC de "alejar la posibilidad de que estas 42 familias recuperen su trabajo. Ustedes pisotean el empleo de este colectivo, algo que es su responsabilidad".

Con la decisión plenaria adoptada ayer, los trabajadores de la UTE Elsamex-Tinerfeña de Obras Públicas tienen expedito el camino para acudir a la vía judicial a reclamar los derechos laborales que han defendido hasta ahora ante el Ayuntamiento de Arona, infructuosamente.

"Se han quedado sin trabajo y ahora deben afrontar la vía judicial con sus propios recursos económicos", concluyó el portavoz del PSOE.

Actualmente, el servicio se realiza con contratación directa.

155 multas por intrusismo sin tramitar

José Antonio Fuentes, portavoz del CAN-CCN, demandó explicaciones sobre la no tramitación de 155 multas impuestas por la Policía Local a quienes practican el intrusismo en el taxi durante los cuatro ejercicios últimos. El concejal puso en conocimiento del gobierno municipal que se limitó a indicar que respondería por escrito (tal y como pidió el edil),que este hecho supone "un grave quebranto a las arcas municipales, al igual que al sector del taxi en Arona". Su crítica la fundamentó en un informe emitido por la Jefatura de la Policía Local, en el que se especifica que tales expedientes sancionadores no fueron tramitados por el negociado correspondiente.

Fuentes expuso la legislación vigente, que atribuye a los ayuntamientos, como competencia irrenunciable, la tramitación y cobro de multas en zonas urbanas, y reclamó, pero no encontró la aprobación del Pleno (el resto de la oposición se abstuvo y el gobierno votó en contra), la designación de servicios policiales de paisano (dos agentes) para esta tarea, así como crear una comisión de coordinación, integrada por patronal, asalariados, Policía y los grupos políticos representados en la corporación.

El también candidato del CCN a la Alcaldía presentó más de 150 firmas, de las 225 licencias municipales de taxi con que cuenta Arona, como aval de esta propuesta, a través de la que reclamó la elaboración de informes mensuales acerca de las actuaciones policiales que se desarrollen en esta materia.